Demandan investidura a congresistas por conflictos de interés

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, ha interpuesto una demanda solicitando la pérdida de investidura de tres congresistas del partido Cambio Radical, Adriana Carolina Arbeláez, Jairo Humberto Cristo y Carlos Abraham Jiménez, por presuntos conflictos de interés durante la votación del  Presupuesto General de la Nación en octubre de 2023, cuando se votó una proposición que buscaba dilatar la entrada en vigencia de los impuestos saludables, por dos años, que fueron introducidos en la Reforma Tributaria.

La controversia surgió después de una votación crucial el 18 de octubre de 2023, donde se propuso aplazar la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, justo en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación. Según la Presidenta y abogada del CAJAR, Yessika Hoyos, los mencionados congresistas participaron en la votación de dicha propuesta sin revelar la financiación que habían recibido en sus campañas electorales, lo que podría constituir un conflicto de interés, de acuerdo a la ley y lo dicho por la Corte Constitucional.

Carlos Abraham Jiménez, quien recibió aportes significativos para su campaña por parte de Bavaria y Postobón, intervino en la suscripción de la proposición  que buscaba dilatar la entrada en vigencia de la medida, en defensa de los intereses de estas corporaciones durante el debate. Por su parte, Adriana Arbeláez y Jairo Humberto Cristo, también beneficiarios de donaciones de las mismas compañías, votaron a favor del aplazamiento sin notificar al Congreso sobre estos vínculos financieros con las compañías a las que regula esta iniciativa.

DETALLE FINANCIERO

Los montos recibidos por los congresistas son considerables:

Carlos Abraham Jiménez: 81 millones de pesos de Bavaria y 45 millones de pesos de Postobón.

Adriana Arbeláez: 45 millones de pesos de Bavaria y 70 millones de pesos de Postobón.

Jairo Cristo: 36 millones de pesos de Bavaria y 90 millones de pesos de Postobón.

“De acuerdo con la sentencia C-302-2021 de la Corte Constitucional de Colombia, los legisladores están obligados a declarar cualquier posible conflicto de interés cuando participen en debates que puedan beneficiar directa o indirectamente a los donantes de sus campañas. No hacerlo es causal de pérdida de investidura.” Afirmó Hoyos.

Con esta acción Cajar ha hecho un llamado a la ciudadanía para que exija a sus representantes en el Congreso de la República actuar en beneficio del interés público en garantía de los derechos humanos y no en favor de intereses privados. El caso sobre el que se pronunciará el Consejo de Estado, plantea importantes cuestiones sobre la integridad y la transparencia en el proceso legislativo de Colombia, y se espera que su desarrollo tenga un profundo impacto en la forma en que los políticos y las empresas interactúan en el futuro en este y otros proyectos radicados en el Congreso todo en pro de la defensa de derechos humanos.