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El magistrado Carlos Andrés Pérez de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla también presentó conflicto de competencias ante la Corte Constitucional, para que este tribunal determine si los expedientes de Salvatore Mancuso pasan a la JEP o se quedan en Justicia y Paz.
Lo anterior, al resolver una audiencia de medida de aseguramiento contra Mancuso en un proceso relacionado con más de 2.000 crímenes cometidos por el Bloque Córdoba, la Casa Castaño entre otras unidades de las AUC.
De hecho, el despacho del magistrado Pérez suspendió toda audiencia relacionada con Salvatore Mancuso en su despacho, hasta que la magistratura de la Corte Constitucional tome una decisión.
“Justicia y Paz es una realidad que ha logrado develar en sus más de 80 macrosentencias emitidas, patrones de macrocriminalidad realizados por grupos paramilitares (…) Así, los paramilitares que no suscribieron un acuerdo final de paz como el del año 2016 con las FARC, pero que depusieron sus armas y fueron beneficiados con un sistema de justicia transicional legítimo como el de Justicia y Paz no pueden pasar a la JEP sin más”, señaló el despacho.
Asimismo, señaló a la jurisdicción como un tribunal que estaría obrando de forma incoherente, luego de que en 2022 afirmara que no tenía competencia sobre Mancuso como paramilitar; incluso según Pérez Alarcón se está poniendo en riesgo la indemnización por vía judicial a las víctimas desconociendo sus derechos.
“…la decisión asumida por la JEP entre otros aspectos, genera un caos para las víctimas, al punto que los trámites que actualmente cursan en las Salas de Conocimiento de Justicia y Paz cesarían y desaparecerían las opciones de condenas civiles a postulados e indemnizaciones judiciales, porque, como se acaba de resaltar, la JEP no tiene, ni la normativa, ni la logística para estudiar caso a caso ese tipo de asuntos patrimoniales” alertó el juez.
Según la tesis del magistrado Pérez Alarcón se desconoció el principio de “juez natural” del excomandante paramilitar, cuando a su juicio Justicia y Paz ha venido operando de forma satisfactoria.
La determinación del juez transicional fue respaldada por la Fiscalía en su intervención, donde el ente acusador calificó la decisión de la JEP que se llevó a Mancuso para ese tribunal como una “intromisión” de esa jurisdicción en los asuntos de Justicia y Paz, obrando como un “superior jerárquico” sin norma que le faculte.