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4 mil familias de Ciudad Equidad pagan $32 millones mensuales por extorsión
De acuerdo con las denuncias, semanalmente las cuatro mil familias que residen en Ciudad Equidad, deben pagar dos mil pesos por una ‘seguridad’ que personas desconocidas prestan todas las noches./FOTOS MONTINER ALVIS A.
El caso va a ser expuesto por la Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto ante el Comité de Justicia Transicional, para estudiar ese fenómeno que cada día coge cuerpo en otros barrios.
Bajo el supuesto de una ‘vigilancia y seguridad familiar’, grupos armados ilegales están exigiendo el pago de una vacuna semanal a todos los residentes en la Urbanización Santa Helena, más conocida como Ciudad Equidad en la vía al corregimiento de Minca.
La situación que hace carrera en varios sectores de la ciudad de Santa Marta, donde se conoce como ‘vigilancia nocturna’ por parte de personas provisto de bolillos, con la denuncia parece que se salió de las manos que honradamente prestaban ese servicio y ha tomado otro rumbo.
Esta práctica data de muchos años atrás, cuando personas desempleadas y residentes en el mismo barrio, bajo el visto bueno de la Junta Comunal, se asociaban y formaban grupo que iban en diferentes sectores de casa por casa ofreciendo sus servicios de ‘vigilancia’ mediante el pago de una determinada suma de dinero.
Hoy varios años después de venirse prestando de manera clandestina este oficio, parece que ha tomado otros matices. Ya como que no es voluntaria, sino obligatoria el pago de lo que ellos llaman ‘contribución’ por la seguridad y vigilancia del núcleo familiar.
El pago semanal de 2 mil pesos por las 4 mil familias, les representan a los cobradores y al grupo armado que representan, la suma de 8 millones semanales y por mes equivalen a 32 millones de pesos que están recibiendo estos grupos por concepto de ‘vacuna disfrazada de seguridad’ de la gente de Ciudad Equidad.
LA DENUNCIA
El reciente pronunciamiento de la Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto, Jennifer Del Toro Granados, cuando confirmó la comisión de este delito, queda al descubierto que ahora se está haciendo bajo presión y la intimidación teniendo como escudos grupos armados ilegales.
EL PAGO SEMANAL
La funcionaria del Gobierno Distrital confirmó que esta situación es aberrante en Ciudad Equidad, donde todas las familias residentes allí, que hacen parte de un plan de reubicación y retorno, están obligados a pagar su contribución semanalmente.
“La Alta Consejera para La Paz y el Posconflicto denuncia que en Ciudad Equidad en Santa Marta están extorsionando a las 4 mil familias que habitan allí. Todos deben pagar dos mil pesos semanalmente”, dice uno de los mensajes colgados en redes sociales donde aseguran que esa información viene de una entrevista con la funcionaria.
Versión que no desmiente Del Toro Granados, por el contrario, la confirma al manifestar a través de las mismas redes sociales y de su cuenta X que ha recibido varias denuncias en tal sentido por parte de víctimas de ese proceso extorsivo.
“He recibido denuncias, y como funcionaria y Defensora de Derechos estoy en la obligación de tramitarlas, en este caso, ante el Comité de Justicia Transicional”, dice uno de los mensajes colgados por la funcionaria en su cuenta X.
También advierte la Alta Consejera para la Paz y el Posconflicto, del Gobierno Distrital, que la Urbanización Santa Helena como la bautizara el exvicepresidente Germán Vargas Lleras impulsor de esta obra, hoy Ciudad Equidad, surgió de un Plan de Retorno de casi 4 mil familias víctimas del conflicto armado que sufrieron desplazamiento no solo en el Magdalena, sino en otros departamentos.
AUTORIDADES DEBEN ACTUAR
Para los afectados, quienes prefieren permanecer en el anonimato, por motivos de seguridad, teniendo en cuenta que se trata de un problema delicado, que ha cobrado algunas vidas, se requiere más que intenciones.
“Esto debe ser denunciado ante las esferas nacionales. Ponderamos lo que quiere hacer la Alta Consejera Jennifer Del Toro, de poner el tema de manifiesto ante el Comité Justicia Transicional, pero hace falta apoyo de lo más alto del gobierno, para acabar esto”, dijo una fuente consultada.
Muchos de los consultados advirtieron que se trata de una suma mínima que no afecta el presupuesto de las casi 4 mil familias que habitan allí, lo que preocupa es la imposición y la intimidación que ejercen quienes cobran la cuota.
“Quien quita que de un momento a otros ya no sean dos mil pesos por casa, sino 20 o 30 mil pesos, cuando muchos de los que habitamos aquí somos desempleados y a duras penas conseguimos comer. Qué pasará si no podemos pagar”, sostuvo la fuente consultada.
EN OTROS SECTORES
Este problema de la ‘vigilancia privada’ en los barrios periféricos de Santa Marta, no solo está ocurriendo en Ciudad Equidad, también sucede en los sectores de Andrea Carolina, Las Mercedes, Filadelfia, Bastidas, Luz del Mundo, El Parque y otros donde es común ver a estas personas con un bolillo y un pito, anunciando que están vigilando a los cuales se le conocen como ‘serenos’.
