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El descalabro que sufrió la reforma a la salud, un proyecto bandera del gobierno al iniciar su trámite en la respectiva comisión del Senado de la República, hace inevitable formular el interrogante sobre la viabilidad política de esta propuesta.
Sabíamos que César Gaviria, como presidente de la República, había promovido una organización del sistema de prestación del servicio de salud que mereció, tanto por su concepción como por su puesta en marcha, los mejores elogios de las instituciones internacionales mejor calificadas para opinar sobre la materia. Y más adelante, ya con este sistema de salud en funcionamiento, se reafirmaron esas opiniones tan favorables que la destacaron como un sistema muy superior a los existentes en el mundo incluyendo los de algunos países desarrollados.
Y no es que se hubieran pasado por alto algunas dificultades y deficiencias en el sistema. Pero se expresaba admiración por la universalidad que había alcanzado sin discriminaciones y haciendo accesible el derecho a la salud a los sectores menos favorecidos.
La reforma propuesta por el Presidente Petro tenía, entonces, una buena oportunidad de ser aprobada porque el liberalismo, como partido de gobierno, presidido por César Gaviria tenía el mayor interés en que el sistema se perfeccionara. Y desde la oposición, el expresidente Álvaro Uribe que había sido el ponente principal de este proyecto de Gaviria en el Congreso pues lo conocía muy bien en sus virtudes y defectos y, por supuesto, tenía la mejor voluntad para contribuir a su perfeccionamiento.
Y el contexto político era ideal. El gobierno se inició con una Acuerdo Nacional del cual el partido liberal y César Gaviria, por supuesto, formaban parte principalísima y, además, contaban con una fuerza parlamentaria que podía ser determinante para el buen suceso de esta reforma.
No sobra recordar cómo durante el esquema gobierno – partidos de oposición, durante la administración Barco, se construyó un consenso formidable que no obstante muchas dificultades permitió la elaboración de la Constitución de 1991, que sustituyó la de 1886, y que fue producto de un proceso electoral, la elección de los constituyentes y que, además, contó con la participación del M-19, recientemente incorporado a la vida civil y de otros grupos guerrilleros que aceptaron formar parte de esta Asamblea.
Por primera vez, gracias al esfuerzo continuado Barco – Gaviria podíamos exhibir una Constitución producto de una constituyente elegida y de un amplio consenso nacional. Entonces, ¿no iba a ser posible en el contexto de un Acuerdo Nacional una reforma a la salud y cuyos principales protagonistas estaban interesados en contribuir a su perfeccionamiento?
Difícil entender todos los sinsabores y altibajos. Algunos de los que participaron en las conversaciones hablan de engaños, de la inutilidad de los diálogos que se realizaron y de cómo propuestas que se dijo que se aceptaban no fueron incorporadas jamás al texto que se llevaba al Congreso. Roto el Acuerdo Nacional, o enterrado, ya la viabilidad de la reforma era bastante improbable. Era un pulso muy fuerte y difícil entre el gobierno y una oposición que se había ampliado como resultado del hundimiento del Acuerdo Nacional.
La estrategia de la seducción individual de los congresistas funcionó en la Cámara, pero el expresidente Gaviria, en documento público, previno al Senado con respecto a los engaños y mentiras, son sus palabras, que permitieron que la Cámara de Representantes aprobara este proyecto de reforma. Y en entrevista en Semana fue contundente sobre la manera como han venido deteriorando el servicio de salud.
Creo que el tema de la estatización del sistema de salud fue un obstáculo insalvable. Y por ello con respecto a este esfuerzo se había podido recordar el estribillo que dice «¿tantas vueltas y revueltas quiero amigo que me digas son de alguna utilidad»?
*Exministro de Estado