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Demandan elección de Fiscal General por discriminación de género y violación del proceso

Según los demandantes, hubo varias inconsistencias en el proceso de elección de la Fiscal Luz Adriana Camargo, razón por la cual piden suspensión provisional del cargo.

La elección de la nueva Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha sido impugnada por presuntas irregularidades en el proceso. La demanda, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, cuestiona la legalidad y la equidad del procedimiento que llevó a la designación de Camargo como máxima autoridad de la Fiscalía.

El reclamo se centra en la supuesta vulneración del derecho a la igualdad de género y del debido proceso durante la selección de la terna de candidatos por parte del Presidente de la República. Se argumenta que la inclusión exclusiva de mujeres en la terna constituye una discriminación por género, ya que no se tuvieron en cuenta las cualidades y virtudes de personas de género masculino que también podrían haber sido consideradas idóneas para el cargo.

Además, se señala que el proceso de elección se vio afectado por una simultaneidad de ternas, lo cual, según la demanda, alteró el curso normal del procedimiento y generó confusión. Se destaca que esta práctica contravino el inciso 2 del artículo 249 de la Constitución Política, el cual establece que el Presidente de la República está facultado para postular una sola terna.

La demanda también hace referencia a la transgresión del derecho al debido proceso, argumentando que se modificaron las condiciones de elección del Fiscal General de la Nación durante el proceso, lo que afectó la seguridad jurídica y la confianza legítima en el sistema. Se sostiene que esta modificación del proceso electoral tuvo un impacto directo en la seguridad jurídica y que no era admisible en el estado en que se encontraba el proceso de elección.

Ante estos señalamientos, se solicita la suspensión provisional del acto de elección de la Fiscal General de la Nación y la declaración de nulidad electoral tanto de la elección como de los actos administrativos conexos. Además, se requiere que el presidente de la Corte Suprema de Justicia rinda un informe detallado sobre las razones que llevaron a la supuesta transgresión de los derechos constitucionales y el debido proceso durante el proceso de elección.

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