El rostro moderno de la justicia

Por

ALBERTO

LÓPEZ

FAJARDO*

No se conoce la “evaluación de los resultados” que el Consejo Superior de la Judicatura ha tenido en cuenta en el Acuerdo 12151 para mantener la modalidad del trabajo en casa de jueces y magistrados, implementada en la administración de justicia desde hace un año.  Tampoco se conocen cuales son los “beneficios y oportunidades de mejoras” a que se refiere la decisión, pero estudios de los expertos y una percepción general de la sociedad, sostienen que la administración de justicia se encuentra desde hace un buen tiempo en una verdadera crisis. Y pensamos que no es el Teletrabajo la panacea que transforme a la justicia en eficiente e idónea y la libere de la politiquería, la congestión, el excesivo formalismo y algunas prácticas corruptas conocidas por el público y que ahora desafortunadamente representan el rostro moderno de la justicia.

Por muchas razones, la justicia sigue cojeando honorables consejeros. Muchos afirman razonadamente -incluyendo jueces y funcionarios judiciales- que el trabajo en casa distrae, mata la inspiración y se reduce. Y es que también han sido examinadas las causas mayores, o de mayor entidad, que mantienen la pérdida de credibilidad de este servicio público y ellas tienen que ver fundamentalmente con la evidente politización de las altas corporaciones, especialmente la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, con la morosidad en el trámite de los procesos y en las decisiones judiciales, con la escasez de los recursos financieros y humanos, con la brecha cada vez más abierta entre el número de jueces existentes y los necesarios para una eficiente administración de justicia, -tenemos un déficit de 54 jueces por cada 100 mil habitantes-  y la que ha advertido la atención de todos,  la creciente corrupción de empleados y funcionarios judiciales, en la que se incluyen algunos jueces y magistrados.

Esta pérdida de confianza del ciudadano en la administración de justicia, motivada especialmente por los factores -endógenos y exógenos- anteriores, ha llevado a los críticos a afirmar que existe una carencia de legitimidad en la prestación del servicio, motivada por la falta de correspondencia entre el ejercicio de la función jurisdiccional y la aceptación o reconocimiento social que debe existir en sus actuaciones.  Recordemos que el poder de la justicia viene dado por el pueblo, el que le ordena en la Constitución Política la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y al Estado en general la garantía de la convivencia pacífica, bajo el imperio de la Ley.  Seamos conscientes de una vez por todas que no es la forma como se preste el servicio de la justicia el que lo va a mejorar, así se preste en los  sagrados recintos  judiciales o en la comodidad hogareña, se trata de,  en cualquier circunstancia,  emprender profundas acciones, no que  satisfagan la conveniencia o utilidad política de pronunciamientos judiciales, sino que se cumplan los sagrados postulados de preservar los derechos de los asociados, resolver en justicia y equidad los casos que se le presenten, pues se trata de la más delicada y exigente función que puede cumplir un ser humano, como es la de administrar justicia.  Compromiso institucional y humano que acercará nuevamente la administración de justicia a los ciudadanos, y se facilitará su acceso, que ahora mucho se extraña.

Igualmente, la sociedad empezó a cansarse de las providencias carentes de solidez y rigor jurídicos, en donde se violen permanentemente las reglas de hermenéutica, de aquellas en las que no existe relación lógica y razonada entre la sustentación o motivación y la resolución de los casos, en la que se nota la falta de una evidente ponderación en la solución de las controversias.  Queremos entonces decir que no es sólo la falla del Estado en adecuar y proveer los recursos logísticos y financieros, nos compromete, además, la acción de obtener de manera urgente un transformado material humano de jueces y funcionarios, dotados de la virtud de dictar justicia, no importa desde donde se imparta.  ¿O acaso se impone un referendo para que el pueblo determine en su sabiduría la clase de justicia que necesitamos y quienes deben  administrarla?

*Abogado laboralista*Profesor universitario*Escritor