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ONU denunció que más de 100 líderes sociales fueron asesinados durante el 2023

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su más reciente informe sobre la situación humanitaria en Colombia, alertó que un total de 105 líderes sociales (según sus cifras) fueron asesinados durante 2023, de los cuales, al menos el 33% ejercían liderazgo en Juntas de Acción Comunal.

“…preocupa que, a pesar de existir una disminución en algunos indicadores de violencia, continúa la expansión territorial y las estrategias violentas de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales con graves consecuencias para los derechos humanos”, señaló la directora Juliette de Rivero.

Además, los defensores de derechos humanos recibieron más de 760 amenazas durante el año pasado.

Otra de las preocupaciones expresadas por la representante de Naciones Unidas en Colombia es la usurpación de los grupos armados a la vocería de los líderes, tratando de presentarse como interlocutores para lograr espacios políticos. También se alertó por 134 casos de reclutamiento de menores.

“Aunque persiste un alto subregistro en la documentación de casos de reclutamiento, uso o utilización de niños y niñas en el conflicto armado, por el miedo de sufrir represalias al reportarlo, ONU Derechos Humanos pudo verificar 134 casos por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales (que incluyen 86 niños, 42 niñas, 6 casos sin confirmación de género)”, indicó Juliette de Rivero.

Asimismo, alertaron que el país sufrió 98 masacres (verificadas) durante el año 2023, teniendo como departamentos más afectados a Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Este indicador tuvo un incremento.

“Se observa un incremento de 6,5% respecto de las masacres verificadas en 2022. En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas)”, señaló de Rivero.

Ante todo lo anterior, y aunque reconoció los esfuerzos del Gobierno en varios ítems, la ONU hizo un llamado a fortalecer la gobernabilidad en los territorios dada la “preocupante” situación de inseguridad. También se solicitó a los actores armados respetar el DIH y se enfatizó al ejecutivo que al margen de que se adelanten procesos de diálogo, deben seguir siendo garantes de los derechos de la población.

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