HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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El derecho a una vivienda digna

Hay derechos en Colombia que parecen un saludo a la bandera, sólo basta con mirar los cerros y las zonas marginales de las pequeñas y grandes ciudades de nuestra patria. Sin embargo, hay noticias que, vistas desde el prisma de la esperanza, podrían aliviar esta terrible preocupación: los trabajadores colombianos tienen depositados a 15 de febrero de la presente anualidad, casi 14 billones de pesos de su cesantía anual de 2.023 en los Fondos Privados. El Fondo Nacional del Ahorro, que administra la cesantía de los trabajadores del Estado, tiene una capacidad de endeudamiento de más de cuatro mil millones de dólares. Hipotéticamente, con el poder financiero de las dos entidades, se resolvería una buena parte del derecho a una vivienda digna para quienes no la tienen, pero que la Carta Política tiene reservada a “todos los colombianos”.

Antes de explicarles el sueño de cómo todos los colombianos pueden tener una vivienda digna, debemos decir que el derecho laboral a la cesantía fue creado por una Ley de 1.934 inicialmente pagada a los trabajadores que eran despedidos injustamente de sus puestos de trabajo, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios a la empresa.  Posteriormente se extendió a todos los trabajadores, acumuladas anualmente, pero liquidadas al finalizar el contrato, con retroactividad al primer año de su vinculación.  Si el trabajador laboraba diez años en una empresa, todos se le liquidaban con el último salario devengado.  En 1.990 so pretexto de que la retroactividad era una carga desproporcionada para los empleadores, el expresidente Álvaro Uribe lideró en el Congreso pagarlas sin retroactividad, derribando el concepto de derecho adquirido, y dando origen a la famosa Ley 50 de 1.990 que creó igualmente los Fondos Privados de Cesantías, -también de Cesantías y Pensiones- que administran la prestación nombrada desde el primero de enero de 1.991.

Con estos billones de pesos recibidos por los Fondos hasta febrero de 2024, no se ha construido una sola vivienda en Colombia, ellos sirven mayormente para financiar matrículas universitarias de los trabajadores y su entorno familiar por orden de la Ley. Sin embargo, según cifras del ICFES de los 560.000 jóvenes que presentan pruebas anuales de bachillerato, sólo el 39% logra acceder a la educación superior, sin contar las deserciones por problemas económicos.  Dos millones de estos jóvenes, entre los 17 y los 21 años, están por fuera de la cobertura escolar.  Si miramos estas entristecedoras cifras, podemos concluir que el objetivo de la Ley 50 de aplicar la cesantía para aliviar los costos educativos, viene incumplido, y el Congreso de la República debe modificar la Ley, rediseñando la misión que deben cumplir estos ahorros, no otros que los de adquisición de vivienda para los trabajadores, como lo era antes de la Ley 50.

El déficit de vivienda, de interés social o no, es cada vez más alarmante y la cifra de más de la mitad de los colombianos carentes de una vivienda digna, merece un esfuerzo reformatorio legislativo, desprovisto de intereses políticos o económicos, ante la triste realidad que afrontan, no sólo las autoridades sino la salubridad, el medio ambiente, los servicios públicos,  la educación de niños y adolescentes, los índices de violencia y la falta de oportunidades en una sociedad en donde todo comienza, como sabemos, en un hogar digno.

Cumplamos el sueño de que esa billonaria riqueza que hoy tienen los Fondos, digo el sector bancario, pertenecientes al salario de los trabajadores del sector privado, sirva para adelantar programas de vivienda para los sectores socialmente más vulnerables, con sistemas adecuados de financiación a largo plazo.  Necesitamos una Ley que integre la misión institucional del Fondo Nacional del Ahorro con los recursos financieros que año tras año acumulan los Fondos Privados de Cesantía, para conformar con la orientación del Estado, una verdadera organización que resuelva los problemas habitacionales que sufren los sectores marginales de todas las ciudades en Colombia.

*Abogado laboralista* Profesor universitario

*Escritor

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