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Francisco Barbosa habría remodelado su casa con plata de la Fiscalía

En un acontecimiento reciente que ha generado una gran conmoción en las estructuras de supervisión y control en Colombia, ha surgido una polémica que implica directamente a Francisco Barbosa, quien está a punto de dejar su cargo como Fiscal General de la Nación, y a Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones.

De acuerdo con las indagaciones divulgadas por Cambio, se alega que Zuluaga habría facilitado las acciones para que Barbosa ocultara detalles sobre la gestión de los gastos reservados de la Fiscalía correspondientes al año 2022, los cuales ascendieron a la significativa cifra de 51.888 millones de pesos, representando un incremento del 171% en comparación con el período anterior, donde se identificaron gastos por 19.119 millones de pesos.

Desde principios de 2023, la Contraloría General de la República comenzó una auditoría especial para investigar los gastos realizados por la Fiscalía durante 2022. No obstante, se encontró con múltiples obstáculos orquestados por Barbosa, quien se negaba a compartir información, alegando razones de «seguridad nacional» y su fuero especial que impedía su escrutinio.

Esta resistencia se manifestó en una medida extrema: la orden de no entregar los discos duros que contenían los registros financieros, una acción que finalmente cedió, permitiendo la revisión, pero solo dentro de las instalaciones de la Fiscalía, para evitar la filtración de cualquier documento.

Durante las auditorías realizadas, se descubrió un uso particularmente polémico de estos fondos reservados: la instalación de un sistema de blindaje en la residencia de Barbosa en Bogotá, con fondos originalmente destinados a mejorar la seguridad del fiscal.

Este descubrimiento sugiere que una parte significativa de estos recursos no solo se destinó a la mencionada medida de protección, sino también a otras mejoras en su propiedad privada, bajo la justificación de la seguridad personal de Barbosa, según reveló el medio citado.

La investigación fue llevada a cabo por el grupo élite de la Contraloría, encabezada por el contralor delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad, según lo establecido desde 2015, cuando se emitió una resolución para investigar los fondos privados de algunas entidades, especialmente de las Fuerzas Militares de Colombia y la Fiscalía.

No obstante, la situación escaló cuando en noviembre de 2023, justo cuando se preparaba la publicación de los hallazgos preliminares de la auditoría a la Fiscalía, el contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, intervino directamente, emitiendo una resolución en la que se cambiaba el grupo encargado de las investigaciones de carácter confidencial, aunque se había establecido que las investigaciones en curso podrían concluirse.

El 26 de diciembre, el contralor emitió otra resolución, la 1607, cuatro días antes de finalizar el año, implicando que la supervisión de estos recursos se transfiriera a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), liderada por Juan Camilo Zuluaga, supuestamente recomendado por el Partido Conservador y con un amplio poder dentro de la entidad, a pesar de su anonimato; un cambio interpretado por algunos analistas como un intento de sepultar el informe contra Barbosa.

Sin embargo, con esta decisión, el plazo para presentar los resultados ya había expirado, lo que implicaba que los hallazgos debían archivarse y abrir una nueva investigación bajo la dirección de Zuluaga. Sin embargo, causó controversia que este movimiento se hiciera justo cuando el equipo élite de la Contraloría iba a reunirse con la Fiscalía para explicar los movimientos encontrados en los gastos reservados de la entidad.

Por otro lado, Cambio también reveló la respuesta emitida desde la Contraloría, donde aseguraron que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de Francisco Barbosa, ya que su integridad estaba en peligro por las amenazas recibidas y cualquier filtración de información podía ser perjudicial para la Contraloría.

La entidad aseguró que su decisión se tomó debido a una presunta desobediencia del equipo auditor, ya que se había solicitado que los archivos fueran revisados dentro de las instalaciones de la Fiscalía para evitar que los datos salieran del lugar. Sin embargo, afirmaron que el grupo élite insistió en obtener copias digitales del controvertido contrato para mejorar la vivienda del fiscal.

«A pesar de que el contralor había ordenado que la auditoría se llevara a cabo de esa manera, el equipo insistió en tener una copia digital del contrato y realizar una inspección donde se encontraban las características del tipo de blindaje. Ante este hecho, el contralor decidió cambiar la delegación», afirmó la entidad al medio.

Sin embargo, esta explicación no ha sido suficiente para calmar las críticas y los cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad en la supervisión de los recursos públicos.

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