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Petro saca a seguidores a la calle y la Corte Suprema es indiferente

Hace dos semanas, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia fue epicentro de una larga deliberación. La designación de un nuevo presidente y la elección de la próxima fiscal general de la nación acapararon la atención. Lo primero llegó a buen puerto y Gerson Chaverra Castro tomó juramento, lo segundo tuvo que aplazarse hasta el 8 de febrero.

Lo que siguió a aquella jornada fue un conjunto de eventos cuyas repercusiones se sienten alrededor del Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, que este jueves albergará dos controversias: una jurídica, que tendrán los magistrados en el tercer piso del Palacio, y una política, en la opinión pública y en las afueras del edificio. Dentro, la Sala intentará, de nuevo, escoger a la sucesora de Francisco Barbosa; fuera, habrá arengas contra él.

Lo que suceda en la Sala, indudablemente, causará resonancias fuera de ella. Quedó evidenciado luego del 25 de enero, cuando la falta de escogencia de parte de la Corte originó todo tipo de editoriales en medios, columnas de opinión y planeación de una nueva protesta en frente de la Corte, convocada por diferentes sindicatos que no quieren que se prolongue el período de Barbosa.

EL AMBIENTE CALDEADO

El cierre del período de Francisco Barbosa Delgado ha estado marcado por la intensificación de su imagen de opositor político. Por eso, además de sus múltiples declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro, el mandatario ha tomado algunas acciones investigativas de parte de la Fiscalía como un ataque a su gobierno, al que ha denominado abiertamente “ruptura institucional”.

Petro ha mezclado las investigaciones a su hijo Nicolás, a su hermano y a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, con la suspensión del canciller Álvaro Leyva para asegurar que desde la Procuraduría y la Fiscalía se está fraguando algún tipo de golpe de Estado. Ello condujo a destemplados mensajes en su cuenta de X, entre los que incluso respondió a una cuenta falsa con la imagen de Barbosa.

Como respuesta, Fecode, el sindicato de maestros al que las autoridades mantienen en la mira por su aporte monetario a la campaña del hoy presidente, convocó a marchas y plantones. Además, políticos aliados al Pacto Histórico, el movimiento que llevó al poder al jefe de Estado, alzaron su voz en apoyo a Petro y en invitación a que la Corte Suprema escoja a la próxima fiscal general.

Cuando los ánimos parecían elevarse al máximo, el 6 de febrero el presidente Petro se reunió con el presidente Chaverra por casi dos horas en la Casa de Nariño. “Dialogaron sobre la urgencia de promover el respeto entre todas las instituciones y sectores del país, en el propósito de salvaguardar la solidez de la democracia colombiana”, destacó el Tribunal en su cuenta de X.

LA PACIENCIA DE LA CORTE SUPREMA

Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no se ha mostrado en ningún tipo de afán. Son variopintos los escenarios en los que sus representantes —antes, el magistrado Fernando Castillo y ahora, el magistrado Chaverra— han expresado que están comprometidos a hacer una evaluación rigurosa de las cualidades de cada candidata y luego votar con serenidad.

Además, aunque algunas personas han dicho que existen presiones para que la Corte escoja rápido, el alto tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Por el contrario, a lo largo del proceso han tenido tiempo para posesionar a magistrados faltantes, aprobar sus mesas directivas, exponer impedimentos —y rechazarlos— y, a fin de cuentas, votar, así sea en blanco.

Extraoficialmente, se dijo que Amelia Pérez Parra fue la candidata que más votos obtuvo en la primera votación, seguida por Luz Adriana Camargo y en tercer lugar, Ángela María Buitrago Ruiz, pero ninguna alcanzó los votos necesarios para ser nombrada en propiedad, lo que derivó en el aplazamiento de la elección.

DIECISÉIS, EL NÚMERO MÁGICO

Y es que el reglamento de la Corte Suprema ha sido, al parecer, otro obstáculo para que no se perciba diligencia en el trámite. Se trata de un acuerdo al que llegó la Sala Plena del alto tribunal en 2002 y que no ha acogido mayores modificaciones desde entonces. En él se pautan normas de procedimiento, deberes de funcionarios y formas de votación, entre otros aspectos.

El reglamento indica que para escoger a quien sea fiscal se requiere una mayoría calificada, no simple, que se traduce en dos tercios de las y los integrantes totales de la Sala Plena. La magistratura en pleno está integrada por veintitrés togados, entre quienes no hay ninguna ausencia, que hacen parte de todas las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

Para la mayoría de votaciones se requiere una mayoría de mitad más un número. Sin embargo, para escoger a la fiscal general de la nación se requiere cumplir con dos tercios de los veintitrés votos posibles, es decir, dieciséis apoyos. Mientras ninguna de las ternadas obtenga como mínimo esa cantidad, la Corte seguirá alargando la discusión.

El reglamento contempla, además, que, si en una primera votación ninguna candidatura llega al número requerido, habrá una segunda ronda con las dos que hayan obtenido una mayoría. Si en esa tampoco hay humo blanco, habrá votaciones individuales separadas si alguna de ellas lo solicita y la mayoría —mitad más uno— de la Sala lo aprueba. Las tres etapas se repetirán sucesivamente.

¿MARTHA MANCERA, FISCAL INTERINA?

Sí. La actual vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, será la sucesora inmediata de Francisco Barbosa, pase lo que pase este jueves. Lo que definirá la elección del 8 de febrero es cuánto tiempo le quedaría en el puesto de fiscal general encargada, que podría ser de al menos un mes, aproximadamente, o hasta que la Corte Suprema escoja en propiedad a una de las ternadas.

 

La razón principal es que, aun si la Corte elige a una ganadora, tiene ocho días para notificarle formalmente. Ella, a su turno, tiene otros ocho días para aceptar la designación. Y luego hay un plazo de quince días, que puede prorrogarse una vez, para que haya una ceremonia oficial de posesión. Durante todo ese tiempo, Martha Mancera será la fiscal general de la nación.

Ese funcionamiento de la Fiscalía existe desde 2014. Una ley de julio de 2013, cuando Roy Barreras era presidente del Senado, Juan Manuel Santos era presidente del país y Fernando Carrillo —hoy, además, exprocurador— era ministro del Interior, le dio a la Presidencia “facultades extraordinarias pro tempore” por seis meses para modificar la estructura y la planta de la Fiscalía General.

Luego, Santos, en enero de 2014, publicó un decreto con el que hizo efectiva esa tarea. Esa norma indica que una de las funciones de quien sea vicefiscal general es “reemplazar al fiscal general de la nación en sus ausencias temporales y definitivas”. Como el período de un fiscal es personal, no institucional, el fin de una administración se considera una ausencia definitiva.

“En las ausencias temporales no se requerirá designación especial. Si se trata de una ausencia definitiva, incluido el vencimiento del periodo, ejercerá el cargo hasta cuando el titular tome posesión del mismo”, señala el decreto. Por tanto, el 12 de febrero, cuando Francisco Barbosa obligatoriamente deba apartarse de su cargo, Mancera continuará con su gestión..

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

Esperar. La Corte Suprema se reúne en sesiones de Sala Plena cada dos jueves a las nueve de la mañana. Este 8 de febrero, antes de la elección, el Tribunal deberá resolver una solicitud de recusación contra el presidente Gustavo Petro, presentada por la Corporación Militares, Policías, Amigos, Honor, Juntos por Colombia (Mipofaancol).

Para la oenegé, como la Fiscalía actualmente adelanta varias investigaciones contra familiares y personas cercanas al primer mandatario, él no debió enviar ninguna terna. El debate deberá ser parte del orden del día, aunque para expertos, como el penalista Iván Cancino, se trata de una solicitud que “no tiene ningún futuro”, por lo que será rechazada “rapidito”.

La razón principal por la que aparentemente la recusación no prosperará es que en la normativa del proceso de selección no hay ninguna causal explícita que le impida al presidente enviar una terna. Además, según Cancino, la Corte no tendría competencia para lanzar un pronunciamiento de fondo, debido a que su labor ahora mismo es votar y la recusación va dirigida a quien nominó.

En todo caso, luego de ese momento, la Corte procederá a votar de nuevo. Hasta ahora, la Corporación confía en que puede cumplir su deber sin necesidad de convocar a sesiones extraordinarias, algo que sí hizo, por ejemplo, cuando revisó las hojas de vida de las ternadas, como expresó en el acuerdo que en octubre del año pasado fijó el cronograma de elección.

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