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Excomandante del Ejército niega relación con los ´falsos positivos´
Exgeneral Jaime Lasprilla, excomandante del Ejército Nacional.
Luego de que el primero de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 27 militares y exmilitares aceptaron su responsabilidad en más de doscientos crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos entre 2005 y 2008 en Huila, este martes la cifra de comparecientes subió a treinta.
Sin embargo, entre los documentos allegados por escrito a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP aún falta un nombre: el del general retirado Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, excomandante del Ejército Nacional entre 2014 y 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Lasprilla fue llamado a responder en noviembre del año pasado junto a otros 34 militares por doscientos asesinatos, 32 desapariciones forzadas y ocho tentativas de homicidio que ocurrieron entre 2005 y 2008, cuando los señalados pertenecieron a cuatro unidades militares con incidencia en el Huila.
«La Sala estableció que 192 de las 264 muertes reportadas oficialmente por los integrantes de las cuatro unidades, durante el período investigado en el subcaso Huila, fueron en realidad homicidios cometidos contra personas fuera de combate», explicó en su momento la magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento.
Ante las pruebas recopiladas, treinta integrantes del Ejército aceptaron haber participado «en la ejecución de un plan criminal para exhibir como resultados operacionales legítimos homicidios perpetrados en combates simulados», indicó la JEP en un comunicado oficial.
Los uniformados admitieron, de acuerdo con la Jurisdicción, que su objetivo era dar una «falsa sensación de seguridad a la población civil», además de alcanzar beneficios profesionales —como refrigerios, permisos, vacaciones o medallas— y «mayor legitimidad institucional».
Entre quienes aceptaron su culpa se encuentran Orlando Pico Rivera y Ricardo Andrés López García, quienes fueron comandantes del Batallón de Infantería 26, Cacique Pigoanza, así como Leonardo Ayala Remolina, antiguo comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas 11, de la Novena Brigada.
Además de esos tres tenientes coroneles, la justicia transicional subrayó que «todos los oficiales que integraron la plana mayor» del Cacique Pigoanza aceptaron su responsabilidad, como también lo hicieron «tres integrantes de la plana mayor del Batallón de Infantería 27, Magdalena.
Se trata, dijo la JEP, de los tenientes coroneles Alejandro León Campos, Faiver Coronado Camero, Jair Arias Sánchez, Luis Carlos Aguilera Quintero, Domingo Peña Cepeda, Mario Hernán Duarte Méndez, Ómar Oswaldo Ojeda Oliva y Carlos Yair Salamanca Robles.
En la imputación de noviembre hubo cinco generales calificados como máximos responsables. A tres de ellos, excomandantes de la Novena Brigada, se les señala a título de coautores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el mayor general Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.
