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Los funcionarios de la JEP tendrán mayor seguridad

El Ministerio del Interior hizo público un acto administrativo firmado por esa cartera, por la de Defensa y por la Presidencia. Se trata del Decreto 085 de 2024, con el que se amplían las medidas de protección de los y las magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), así como de otros integrantes de esa justicia transicional.

«Dado el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de los Magistrados del Tribunal para la Paz y de las Salas de Justicia, así como las del Director y Fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que intervienen ante los despachos de los primeros, se ven abocados a situaciones de riesgos excepcionales», explicó el Gobierno en el decreto.

En el documento se lee que el Ejecutivo considera necesario «realizar ajustes al programa de prevención y prevención», liderado por el sector del Interior, para que las medidas de protección suministradas a los funcionarios de la Jurisdicción «sean complementadas» para «desarrollar en debida forma su misionalidad».

En ese sentido, dice el decreto, «es un deber del Estado colombiano garantizar la vida, libertad, integridad, seguridad personal de estos funcionarios», lo que se traduce, además, en un «instrumento necesario para que el éxito del proceso de justicia transicional restaurativo que adelantan».

Lo que el acto administrativo de cuatro artículos realiza, en concreto, es suplementar las medidas de protección de las y los magistrados y fiscales, así como de quien ocupe la Secretaría Ejecutiva. En ese sentido, esas personas ya no solo serán escoltadas por la Unidad Nacional de Protección, sino que la Policía Nacional deberá asignar agentes adicionales.

«La Policía Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección y la Unidad Nacional de Protección, de manera subsidiaria, los recursos físicos y los escoltas, en aquellos casos en que la entidad correspondiente a la que pertenece el respectivo funcionario no cuente con los medios o partidas presupuestales necesarias», señala la norma.

El Gobierno apuntó que tomó la determinación luego de denuncias de miembros de la JEP. El año pasado, por ejemplo, el magistrado Alejandro Ramelli y uno de sus magistrados auxiliares, Hugo Escobar, reportaron que recibieron amenazas por parte del Clan del Golfo. Ramelli es uno de los que ha liderado las investigaciones por ‘falsos positivos’.

Ramelli expresó que recibió un mensaje en su WhatsApp en el que lo declararon objetivo militar, mientras que Escobar contó que su esquema de protección fue atacado con arma de fuego en el sector de El Poblado, de Medellín. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazaron los hechos.

En julio del año pasado, además, el presidente de la Jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, remarcó que «las intimidaciones contra la JEP persisten». En ese momento expuso un panfleto firmado por las autodenominadas Águilas Negras, en el que declaran una «sentencia de muerte a los guerrilleros, abogados y colaboradores del fracasado proceso de paz»./Colprensa