´Petro y su Canciller se burlan de la Constitución y la Ley´: Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación se pronunció con dureza frente a los actos de presunta rebeldía del canciller, Álvaro Leyva, y del presidente, Gustavo Petro, tras no acatar la decisión de suspender al ministro de su cargo por tres meses.

El viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, aseguró que la actitud del mandatario y del ministro “atenta contra el Estado de derecho, la Constitución y la ley”, y agregó que se trata de “un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional».

Este pronunciamiento se da luego que el 24 de enero se ordenó la suspensión provisional del canciller Álvaro Leyva por las presuntas irregularidades presentadas en la licitación para la fabricación de los pasaportes en el país.

La medida llegó, según el ente de control, para evitar una “posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen». Sin embargo, nueve días después, aun habiendo recibido la debida notificación el presidente, la determinación no se ha cumplido.

Incluso, Leyva continúa ejerciendo, como lo muestran varios documentos oficiales firmados esta semana por el alto funcionario. Entre ellos, doce decretos de nombramiento de cónsules y una respuesta al representante Edinson Vladimir Olaya frente a la licitación de pasaportes y el altercado que derivó en la salida de la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Este jueves se conoció que la defensa del titular de la Cancillería pidió a la entidad que se declare impedida a la procuradora general, Margarita Cabello, para revisar suspensión provisional, alegando que no es competente para tomar dicha decisión.

En un oficio elevado al órgano de control, la defensa de Leyva eleva la petición “debido a sus manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción”.

Asimismo, manifestó que no puede ser admisible esta decisión sin antes escuchar y garantizar los derechos de defensa y contradicción del funcionario investigado: “Toda actuación administrativa deberá ser resultado de un proceso en el que la persona tuvo oportunidad de expresar sus opiniones, y mi mandante nunca tuvo aquella opción, por lo menos de forma real y efectiva”.

LO QUE PIDE LEYVA

En un tono irrespetuoso, retador y contradictorio, la defensa del canciller Álvaro Leyva le pidió a la Procuradurá General de la Nación, revocar la suspensión de tres meses impuesta al funcionario.

En un documento de 22 páginas, Yefferson Dueñas abogado del canciller Álvaro Leyva aseguró que las razones que tomo la Procuraduría para suspenderlo no están sustentadas e incluso que con la decisión se comprometió la “seguridad del Estado, sin que, de otro lado, se obtenga un beneficio concreto, especialmente cuando la prestación del servicio de expedición de pasaportes nunca se ha visto comprometida”, dice el documento.

Así mismo señalo que la Sala Disciplinaria “no obedece a la dinámica esperada de una actuación administrativa objetiva e imparcial, garantías esenciales del debido proceso”.

De otro lado el abogado señala que “la Sala de Instrucción soporta la suspensión en argumentos que no están relacionados con el trámite contractual ni con los principios que lo rigen, pues las controversias relacionadas con la conciliación son posteriores y ajenas a la etapa precontractual, donde se habrían configurado las supuestas faltas, según el análisis realizado por el propio Ministerio Público cuando motivó la formulación de cargos”.

Finalmente, solicitó a la Procuradora Margarita Cabello Blanco, que evalúe la posibilidad de declararse impedida debido a las manifestaciones realizadas públicamente sobre la decisión proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción, en la que se ordenó suspender al Ministro de Relaciones Exteriores por un término de tres meses.

Incluso, le pide a la procuradora Margarita Cabello que evalúe si se debe declarar impedida para pronunciarse, por la declaraciones que ha dado al respecto.

En este también se señala que el “patrón de comportamiento” invocado por la Sala de Instrucción para sacar del cargo a Leyva es inexistente.

«El disciplinado solo ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso estructurado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal», señala su abogado Yefferson Dueñas.

Según el apoderado de Leyva, la Sala de Instrucción no acreditó la necesidad de adoptar la medida de suspensión provisional; «simplemente señaló que se hacía para evitar que se pudieran reiterar comportamientos que afectaran los fines de la contratación estatal, cuando lo cierto es que existen otros medios para hacer seguimiento e incluso intervenir en procesos contractuales».

Y agrega: «La Sala Disciplinaria tampoco justificó la proporcionalidad de la medida, que en este caso particular implica una severa restricción a los derechos fundamentales de una persona y perturba de manera sensible el normal desarrollo de las relaciones internacionales de Colombia, comprometiendo incluso la seguridad del Estado, sin que, de otro lado, se obtenga un beneficio concreto, especialmente cuando la prestación del servicio de expedición de pasaportes nunca se ha visto comprometida»./Colprensa

El desacato y fraude procesal

El pasado 24 de enero se conocio la decisión de la Procuraduría que ordenó la suspensión provisional del canciller Álvaro Leyva durante tres meses por las presuntas irregularidades presentadas en la licitación de los pasaportes y para evitar una “posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen». Nueve días después y ya habiendo sido notificado el presidente, la decisión no se ha cumplido.

Incluso, el canciller, Álvaro Leyva, continúa ejerciendo, como lo muestran varios documentos oficiales firmados en las últimas horas por el funcionario, entre ellos 12 decretos el nombramiento de varios cónsules.

El canciller también profirió, después de su suspensión, una respuesta al representante Edinson Vladimir Olaya frente a la licitación de pasaportes y el altercado que derivó en la salida de la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Todo esto prueba que el presidente sigue sin cumplir la orden de suspensión de canciller. Hasta ahora, tampoco se ha pronunciado al respecto de si la cumplirá o no. ¿Qué opciones vienen para el mandatario? ¿Podría negarse a cumplir la orden de suspensión? ¿Qué pasa si se niega? ¿Podría estar sujeto a alguna investigación?

Según el código Disciplinario, en su artículo 217, que consagra la figura de la suspensión provisional, deja en claro que esta medida se puede aplicar en caso de faltas calificadas como gravísimas o graves. Puede ser de máximo tres meses aunque prorrogables por otros tres meses. Son medidas, según lo dice el artículo, “de inmediato cumplimiento».

La decisión, de todos modos, se debe comunicar al nominador que es el jefe de la entidad u organismo o superior inmediato, en este caso el presidente de la República Gustavo Petro, quien debe notificar al canciller Leyva para que se dé cumplimiento a la suspensión.

“Mientras la autoridad nominadora no tome la decisión, el servidor público investigado disciplinariamente, contra quien se ha tomado la medida cautelar de suspensión provisional, mantiene plenas atributos como titular del empleo que está desempeñando. Eso significa que mientras que el nominador no adopte la medida, el funcionario investigado legítimamente debe o continúa tomando decisiones en lo que a él le corresponde”, explica Pedro Alfonso Hernández, profesor de la universidad del Externado y experto en derecho disciplinario

Según la Procuraduría, la notificación ya se cumplió e incluso se conoció una carta con fecha del mismo 24 de enero del 2024 en el que la entidad le pide al presidente Gustavo Petro acatar la decisión y de paso nombre un reemplazo de Leyva para no afectar el funcionamiento de la Cancillería. / Colprensa