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Monja fue víctima de abuso en Medellín: no llegó a la hora de la cena y la encontraron torturada en una quebrada

Los hechos se registraron dentro de un monasterio ubicado en la vía a San Pedro de los Milagros, en el corregimiento de San Cristóbal. La religiosa violentada se encuentra en estado crítico.

Era la hora de la cena para las 10 monjas de clausura que se encuentran en el monasterio Santa Teresita, en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. Sin embargo, una de las religiosas estuvo ausente en la mesa y cuando la fueron a buscar, la encontraron en la quebrada que pasa por este predio. Estaba inconsciente, encadenada en su cuello y en sus manos, con múltiples golpes y signos de tortura.

Los hechos se registraron en la noche de este lunes en el kilómetro 1 de la vía Medellín-San Pedro de los Milagros, en la calle 94A con la carrera 102, donde se ubica este gran predio en el que las monjas no pueden tener mayor contacto con el exterior y solo reciben visitas esporádicas de sus familiares, debido a las condiciones establecidas por la congregación de las Hermanas Teresitas Contemplativas.

La tradición de las monjas de este convento es tener su último alimento del día pasadas las 6:00 p.m. para proceder a rezar y a cumplir con otras tradiciones religiosas antes de dormir. Sobre las 6:45 p.m. lograron encontrar a la hermana que estaba desaparecida, cuando comenzaron a recorrer el sitio más recóndito del monasterio. Cuando llegaron, empezaron a encontrar prendas esparcidas por todo el trayecto hasta llegar al afluente.

Según los reportes del caso, las religiosas que buscaron a su hermana se comenzaron a preocupar cuando hallaron primero una de sus zapatos abandonados. A medida que iban avanzando hallaron en el trayecto el velo con el que cubren su cabeza y otros elementos de la vestimenta tradicional de esta congregación.

Sin importar que sus hábitos se ensuciaran, continuaron el recorrido por el potrero de este lugar hasta que vieron a un costado de la quebrada a esta religiosa. Le soltaron las cadenas que le tenían atadas sus manos a la espalda y rodeaban su cuello y de inmediato llamaron a la Policía para saber cómo proceder al respecto, al tiempo que buscaron un abrigo para cubrir su cuerpo.

Alertó a las religiosas que se sentía un fuerte olor a alcohol, como si hubiera estado implicado en los hechos una persona que estuviera consumiendo altas cantidades de alguna bebida embriagante y que habría dejado esparcido parte de este líquido.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Lamprea, relató que cuando llegaron a la zona no solo se encontraron con que esta monja había sido violentada, sino que también le hurtaron dos tarjetas débito que eran parte de la comunidad religiosa y que se utilizaban para las compras que realizaban en el exterior.

Posteriormente la trasladaron al Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, donde la internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos por las graves lesiones sufridas. Le realizaron los análisis respectivos, tanto para establecer si le suministraron alguna sustancia para reducir su voluntad como para determinar si se había materializado algún abuso sexual, ya que en el recorrido encontraron la ropa interior que usaba.

Trascendió que después de las evaluaciones realizadas en el centro asistencial encontraron que sí se produjo un hecho de violencia sexual en contra de la religiosa por parte de su victimario, quien accedió a este monasterio y escapó del mismo por la zona boscosa, antes de que lo encontrara alguna de las monjas o las propias autoridades.

La situación sorprendió a la comunidad religiosa del sector, teniendo en cuenta las rigurosas medidas de ingreso que se tienen a este lugar. De hecho, según la información judicial, las únicas personas que habían entrado en los días recientes fueron un grupo de trabajadores que se encontraban ejecutando obras de remodelación en este predio.

Desde el primer momento, personal de la Policía Metropolitana y otros organismos judiciales iniciaron las investigaciones dentro de este monasterio para establecer cómo el victimario ingresó y poder identificarlo plenamente para responder por los hechos de maltrato contra esta religiosa, de unos 30 años, según los informes judiciales.

“Activamos toda la Policía Judicial para la investigación de este hecho y establecer quien fue el responsable o los responsables de este hecho. En coordinación con la Alcaldía de Medellín activamos la ruta de atención fucsia para que sea atendida esta religiosa con todo lo que este caso amerita”, manifestó el general Lamprea.

Además del acompañamiento de la Policía Metropolitana, también hay apoyo por parte de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, que a través de su titular, Valeria Molina, hizo un llamado a no naturalizar, bajo ninguna circunstancia, la violencia contra las mujeres de la ciudad.

“Nuestro equipo de la Agencia Mujer está al frente, se activó el código fucsia en el servicio de salud y se están llevando a cabo verificaciones en campo. Realizamos análisis de su red de apoyo para a acompañarles y buscamos asegurar una denuncia que permita su acceso a la justicia, además estamos evaluando criterios para remitirla a otros mecanismos de la Secretaría de las Mujeres para su protección y acompañamiento”, dijo Molina.

Tanto desde la Alcaldía de Medellín como desde la Policía Metropolitana se encuentran analizando los pormenores del caso para establecer si ofrecen una recompensa o no por el responsable de este hecho de violencia sexual contra esta religiosa. Según los vecinos del sector, sería la primera vez que se presenta un caso de esta índole.

Los auditores hallaron que en esos años Capital Salud autorizó pagos por servicios de ambulancias a prestadores que no se dedican a dar ese servicio. El pago por evento es un mecanismo de liquidación que en los sistemas de salud se conoce como “pago por servicio” y consiste en pagarle al profesional de salud o prestadores cada actividad realizada para que haya incentivo para aumentar la productividad.

Sin embargo, expertos como el consultor en salud Ramón Castaño advierten que este mecanismo puede inducir la demanda de atención en salud, “en especial de los servicios que son más rentables”.

Ese pago que hizo Capital Salud por ambulancias a un prestador que no se dedicaba a eso fue de $1.437 millones. Pero lo preocupante para los auditores fue que la aseguradora tenía contratos firmados por $1.009 millones con otras IPS (instituciones prestadoras de salud) para el mismo fin. Esta situación fue descrita en el informe como “posibles incumplimientos del prestador contratado para tal fin”.

Las 119 páginas del informe también reflejan el desorden con el que se manejaron los pagos de las cuentas médicas. El hallazgo señalado indica que hubo 963 cuentas médicas por valor de $136 millones aprobadas para pago “en las cuales no hay evidencia de auditoría genérica, administrativa o médica”.

Una auditoría sirve para que una EPS —que paga a un hospital o clínica por servicios a sus afiliados— pueda revisar que lo que le cobran corresponde a lo que realmente hizo y que cumplió con una serie de criterios.

“Adicionalmente, se encontró que cerca del 26 % del total de cuentas médicas no tuvieron ningún tipo de auditoría médica (evaluación de la calidad de la atención en salud que reciben los pacientes)”, remata el documento que es de acceso público.

La cereza en el pastel de esto es que en esas cuentas no auditadas “se ve una concentración importante en proveedores de servicios con alto riesgo de error o fraude por ser de tercer nivel, servicios especializados y de alto costo”.

En total, fueron $367.041 millones los que por esos años Capital Salud pagó a las IPS en Bogotá por facturas que no tenían auditoría médica. Mientras que las que sí tuvieron fueron por cuenta de $1 billón.

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