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11 exfarc, a responder por el asesinato del gobernador Gaviria
El exgobernador Guillermo Gaviria y su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverry Correa fueron asesinados por las Farc después de haber sido secuestrados.
Dentro del macrocaso 01, que investiga y juzga los secuestros cometidos por las extintas FARC y crímenes conexos, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a once exintegrantes de esa organización guerrillera a dar su versión voluntaria sobre casos puntuales relacionados con ese delito, de manera presencial en Bogotá o de forma escrita.
En esta ocasión, los llamados fueron Luis Alfredo Urbano, Arbey Pérez, Celso Antonio Serna, Eugenio Quezada, Jorge Eliécer Trejo, Jorge Enrique Rodríguez, Julio Ramos Castro, Luis Alberto Sánchez, Mauricio Vargas, Rodrigo Sepúlveda y Wilson Peña, de acuerdo con el auto de 56 páginas con el que la Sala de Reconocimiento de Verdad anunció la determinación.
Uno de los hechos por los que los excombatientes deberán responder es el secuestro y posterior asesinato del exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa. Rodrigo Sepúlveda, conocido en las filas rebeldes como ‘Alexander’ o ‘Patejuete’, es llamado a complementar información sobre estos casos luego de al menos dos informes entregados a la JEP.
Heriberto Aranguren, sobreviviente de la masacre de Urrao, perpetrada el 5 de mayo de 2003, hizo referencia a ‘Alexander’, del frente 18, como uno de los custodios durante su secuestro en el Nudo de Paramillo. Mientras que un informe de familiares de Gaviria Correa señaló a Sepúlveda de vigilar a once militares secuestrados por el Bloque Noroccidental de las entonces FARC.
Otro de los llamados a atender el llamado de la JEP es el extraditado Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, capturado en Colombia en 2004, enviado a Estados Unidos en 2007 y condenado por narcotráfico en 2010. En un informe de la Fiscalía es señalado de cometer «numerosos crímenes en la región del sur de Bolívar».
Entre esos delitos se encuentra el secuestro de Jorge Junior Montes Cristo, exalcalde de Puerto Wilches, retenido en marzo de 1998, y de once concejales de las localidades de San Pablo y Cantagallo, en hechos ocurridos en mayo de ese mismo año.
La justicia transicional explicó que la convocatoria a los exguerrilleros «hace parte del abordaje de los hechos y las conductas en su dimensión regional a escala de Bloque de Frentes, a través de la identificación de los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada y la satisfacción de las demandas de verdad».
