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De 27 iniciativas anticorrupción solo cinco tuvieron primer debate

Este martes comienza la cuenta regresiva para que el Congreso de la República inicie en un mes sus sesiones ordinarias que, por primera vez en su historia, se inauguran desde el 16 de febrero de acuerdo con la aprobación de un proyecto de acto legislativo que reducía el tiempo vacacional de los congresistas en un mes.

Es así que, a casi un mes de este inicio, varias son las iniciativas pendientes por debatir en el Legislativo puesto que de 27 que están sobre la mesa, solo cinco fueron aprobadas en primer debate, así lo explica el más reciente Informe de Seguimiento Legislativo, Primer Periodo de la Legislatura 2023-2024 de la Misión de Observación Electoral (MOE) titulado: Análisis de los temas político electorales, de inclusión política y de lucha contra la corrupción y transparencia.

Cabe recordar que una legislatura es un tiempo establecido para que el Congreso se reúna en sesiones ordinarias, comprendido entre el 20 de julio al 20 de junio del año siguiente, es decir que cada período Constitucional consta de cuatro legislaturas.

Es entonces que en este informe se explica que de las 27 iniciativas “identificadas con contenidos sensibles en la esfera de la lucha contra la corrupción, el Congreso tuvo, durante la legislatura que termina, una carga real de 23 de ellas por discutir, esto al haberse acumulado dos proyectos de ley y uno de acto legislativo, y al haberse retirado un proyecto por decisión de sus respectivos autores”.

Según este documento, el Congreso no avanzó en esas 23 iniciativas, salvo por contadas excepciones. “Solo se debatieron cinco de ellas en primer debate dentro de Comisión Primera, de los cuales dos fueron archivados y los tres restantes, aprobados para el segundo debate en plenaria. Además de ello, se conoció que los otros 18 proyectos de ley y de acto legislativo, no tuvieron debate alguno”, por lo que la MOE deduce archivo por vencimiento de términos.

El contenido de estas iniciativas sobre anticorrupción incluye, la eficiencia y capacidad de los órganos de control fiscal y disciplinario, la meritocracia en la elección de los altos dignatarios del Estado, algunas reglas del proceso electoral, la flexibilidad del Estatuto de la Contratación Pública, la implementación de mecanismos de investigación y sanción, el régimen salarial y de rendición de cuentas de senadores y representantes a la Cámara y la adopción de instrumentos para la transparencia sobre las actividades de cabildeo y la ejecución del gasto público de cara al ciudadano, tal como se explica en el balance general./Colprensa

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