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´Vuelven y juegan montajes en mi contra´: Álvaro Uribe  

En un video de algo más de tres minutos, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció este domingo en las redes sociales a las denuncias de un fiscal que le ofreció beneficios jurídicos a un exparamilitar de Antioquia vinculado al caso del parqueadero Padilla para lo vincule con el paramilitarismo, «Vuelve y juega», dijo Uribe.

En el video el exmandatario aseveró que se trataría de la misma táctica usada en otros casos en los que lo han tratado de vincular con el paramilitarismo. Incluso relacionó el caso que tiene en la Fiscalía por presunta manipulación a testigos con estos hechos.

«Vuelve y juega: un fiscal y un abogado de oficio le ofrecieron a un señor beneficios para resolver su problema jurídico si me acusaba de paramilitar. El señor dice que no me conocía. Al señor se le conoce como Lucas o Jacinto. Lo acusan de manejar el parqueadero Padilla», fue uno de los apartes del video.

El expresidente y jefe del Partido Centro Democrático reiteró en varios apartes que las denuncias no vinieron de su equipo jurídico sino que un «abogado ajeno a mi defensa ha denunciado». Y solo fue en ese momento que se unieron a la denuncia de este caso.

El mandatario aprovechó esta situación para poner en entredicho la actuaciones de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que fue la primera encargada de vincularlo a un caso de posible manipulación de testigos.

«En el pasado me llegaban muchas informaciones. Mandé que se verificara y la sala de instrucciones me puso preso porque decía que yo había mandado a sobornar a los testigos», dijo Uribe, que se mantuvo en que nunca ha hecho una oferta para manipular testigos.

«Ojalá el país y la justicia entiendan este despropósito con el que tanto me han perjudicado», concluyó.

El periódico El Tiempo reveló el caso Padilla y el individuo mencionado por el expresidente es Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas. En un documento divulgado por el periódico, la defensa de Soto Toro asegura que su cliente ha venido siendo objeto de presiones para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De hecho, acaba de contactar a la defensa del exmandatario para poner de presente lo que, dice, está sucediendo.

Al fiscal que están recusando es a Álvaro León Polo Hincapié, un funcionario con más de 20 años en la entidad, actualmente encargado del despacho 132 especializado de Justicia Transicional y quien, además, ha sido coordinador del grupo de tareas de exhumaciones de esa jurisdicción.

En el escrito, firmado por el abogado Jorge Rodríguez Galvis (quien asumió la defensa de Soto Toro en octubre pasado), se empieza por señalar que inicialmente a su cliente se le asignó un abogado de oficio de manera irregular.

“En todas y cada una de las visitas que el abogado de oficio efectuó, su mensaje fue claro y tendencioso: mi prohijado debía acogerse a la figura de sentencia anticipada, pues esa era ‘su mejor opción’. Para ello, le recomendó ‘entregar la información relevante que conociera sobre personas de trascendencia política’”, se lee en el documento.

El abogado Rodríguez Galvis agregó que a su cliente se le señaló directamente hablar del expresidente Uribe Vélez: “Él no tiene nada que decir contra el expresidente”.

Además, aseguró que el abogado de oficio le pidió consignarle 120 millones de pesos: “Anexamos como prueba un papel con una cuenta bancaria y un nombre que le pasó de su puño y letra el señalado abogado, quien decía ser cercano al fiscal del caso”.

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