HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Respuesta inadecuada

Si Colombia es un Es­tado de Derecho, lo natural es que la rama judicial del poder público y los funcionarios judicia­les -en todos los niveles y especialidades- sean inde­pendientes y que sus de­cisiones sean respetadas y cumplidas tanto por los órganos estatales como por los particulares, sin perjui­cio de los recursos y accio­nes que prevén la Constitu­ción y las leyes.

El disenso y la discrepancia sobre los contenidos y fundamentos de las providencias judiciales son per­fectamente legítimos, inclusive en el interior de las más altas corpora­ciones -como lo demuestran los sal­vamentos y aclaraciones de voto-, en los demás órganos estatales y en la academia, pero deben ser expre­sados con el debido respeto y sobre la base de su pleno acatamiento.

Desde luego, algunas decisiones judiciales -en especial las proferi­das por altas corporaciones, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina Judicial, la JEP- tienen un mayor impacto en el seno de la sociedad y son objeto de la atención pública, en medios de comunicación y redes sociales. No todas son acertadas, y es normal que respecto a ellas y al­rededor de sus efectos y consecuen­cias se produzcan debates de carác­ter jurídico, político y académico.

Algunas sentencias, en especial de la Corte Constitucional o del Conse­jo de Estado, tienen repercusiones de gran calado tanto en la actividad gubernamental y administrativa como en el terreno económico y en el fiscal.

Lo hemos visto recientemente, a propósito de fallos proferidos por la Corte Constitucional en cuanto a la declaración del Estado de emer­gencia en la Guajira, el impuesto a las bebidas azucaradas, el Plan de Desarrollo Económico o el parágrafo de la refor­ma tributaria que prohi­bía deducir del impuesto sobre la renta lo pagado por concepto de regalías. En particular, la sentencia de la Corte sobre el últi­mo asunto mencionado -decisión que puede ser discutible desde la teoría jurídica, pero perentoria y obligatoria- causó gran revuelo en el Gobierno, e inclusive el propio presi­dente de la República anunció que, como consecuencia del fallo, habría que recortar el presupuesto de la rama judicial para 2024 y congelar los salarios de los más altos funcio­narios en todas las ramas y órganos del poder público. Ello fue confir­mado por el ministro de Justicia, durante un conversatorio llevado a cabo en Cali.

No se hizo esperar la reacción. El presidente de la Corte Suprema, durante la Gran Cumbre de la Jus­ticia, celebrada en la Universidad Javeriana, en Bogotá, expresó su abierta discrepancia con lo anun­ciado por el Gobierno, subrayando que el respeto a la independencia de la justicia es un principio rector de las democracias liberales y una talanquera contra el despotismo. Por tanto, en su criterio, la decisión presidencial es inaceptable.

A juicio de varios magistrados y académicos -cuyo criterio compar­timos-, no puede adoptarse una de­cisión administrativa a manera de retaliación contra una sentencia, inclusive si afecta gravemente las finanzas públicas.

El manejo de los presupuestos tie­ne que ver con las funciones, priori­dades y necesidades financieras de las instituciones públicas, no puede ser una respuesta oficial a fallos ju­diciales, aunque haya motivos váli­dos para disentir de ellos.

*Exmagistrado*Profesor uni­versitario

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