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Confirman suspensión del Superintendente Luis Guillermo Pérez

La Procuraduría General de la Nación confirmó la suspención provisional de tres meses del   Superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien ha sido objeto de una investigación disciplinaria, enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta alteración de la lista de elegibles para cargos clave en las cajas de compensación.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público sostuvo que el servidor habría quebrantado su deber funcional con su participación e injerencia en el normal desarrollo de la convocatoria pública, por lo que la decisión adoptada resulta pertinente en aras de brindar garantías a quienes participan en ella.

El Ente de control explicó que en ningún momento se afecta la presunción de inocencia de Pérez Casas, y que el lapso de tres meses de suspensión es acorde con lo estipulado en la ley, plazo que podrá ser prorrogado hasta por seis meses, e hizo la salvedad de que la misma se interrumpirá en caso de que desaparezcan los motivos que la provocaron.

La decisión de la Procuraduría de mantener la suspensión del superintendente se basa en la posibilidad de que su presencia en el cargo podría obstaculizar el proceso disciplinario en su contra. La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público reiteró que la suspensión de tres meses es necesaria para garantizar la integridad del proceso y brindar garantías a todos los involucrados.

La suspensión provisional y el primer cargo se fundamentaron en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla.

Esa situación le permitió designar a Juan Carlos Carvajal Rodríguez como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila -Comfamiliar Huila-.

Este acto, según la Procuraduría, constituye una violación de los principios de igualdad, legalidad y moralidad, ya que se alteraron los requisitos originales con el propósito de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que se consideraba definitiva, obligatoria e inmodificable.

Sobre la solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, el órgano de control señaló que, independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Aunque el propósito de la solicitud puede haber sido altruista, la Procuraduría señala que Pérez no tenía la autoridad para solicitar contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley.

La petición, según el órgano de control, podría interpretarse como una orden para las cajas de compensación debido a la posición de supervisión y control que Pérez ejercía sobre ellas.

La investigación continuará, y se espera que Pérez presente los recursos legales.

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