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Fiscalía declara conexidad en casos de asesinatos y desapariciones en Palacio de Justicia

La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema decidió declarar la conexidad en cuatro investigaciones por los hechos de la toma y contratoma del Palacio de Justicia en 1985.

La decisión podría tener consecuencias en las próximas semanas. Se espera una reactivación del caso que ha estado virtualmente congelado desde 2010, hace 13 años.

La primera por el homicidio del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió vivo del Palacio, como quedó registrado en las imágenes de tres cámaras de televisión, pero cuyo cadáver inexplicablemente apareció después en las ruinas de la edificación. Por este caso están sindicados el general retirado Carlos Alberto Fracica, quien para la época era mayor. El general retirado Rafael Hernández López, quien ostentaba el cargo de teniente coronel para el día de los hechos y era el comandante de la Escuela de Artillería. Y el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la 13ª Brigada, ya condenado por otros hechos del Palacio y a quien Estados Unidos recientemente le revocó su visa de ingreso.

La segunda investigación declarada conexa tiene que ver con la desaparición de los empleados de la cafetería, visitantes ocasionales del Palacio de Justicia y la guerrillera Irma Franco. Entre esos desaparecidos está el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, la cajera Cristina del Pilar Guarín y el chef David Suspez Celis. En esta investigación no hay sindicados. El documento señala que los presuntos autores están en averiguación. De acuerdo con una fuente consultada por El Reporte Coronell es posible que sean vinculados a este caso dos altos oficiales retirados. Posiblemente la decisión se conozca en los próximos días antes del inicio de la vacancia judicial.

La tercera investigación conexa es por la muerte violenta de diez personas, entre ellas el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Jaime Alberto Córdoba Ávila y el subteniente de la Policía José Rómulo Fonseca Villada. Los sindicados son cuatro guerrilleros del M-19 ya muertos: Israel Santamaría, Remberto Artunduaga, Rafael Arteaga e Irma Franco. Esta última, curiosamente, es víctima en una de las investigaciones y victimaria en otra.

La cuarta investigación conexa se basa en el asesinato de militares, miembros de la Policía y agentes del DAS. Los sindicados también figuran en averiguación.

La resolución establece que los cuatro casos serán investigados de manera conjunta y se declarará la unidad procesal para agilizar su trámite.

También determina que el coronel Edilberto Sánchez Rubiano, el mayor Óscar William Vásquez, los sargentos Antonio Rubay, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin, no podrán ser investigados por las desapariciones ya que fueron condenados por estos hechos.

La resolución a continuación, significa que más personas –algunas de ellas nunca mencionadas– podrían ser vinculadas a este proceso 38 años después de los hechos./ W Radio

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