HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Distintos sectores de la sociedad se solidarizan con la Rama Judicial

A su turno el Tribunal Superior rechaza amenazas a magistrados y jueces del Distrito Judicial

Distintos sectores de la sociedad, con enfásis en la academia, el foro judicial y profesionales en el litigio, expresaron su solidaridad con la Rama Judicial del Magdalena tras los ataques, señalamintos injuriosos y cuestionamientos sin ningún asidero que le han formulado de manera apócrifa y a través de anónimos en las redes sociales.

Precisamente el editorialista de HOY DIARIO DEL MAGDALENA señaló en su espacio de opinión que  ´No creer en la justicia hace a una sociedad inviable. Con sus decisiones se puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar esas decisiones, sus instancias y la probidad de quienes las adoptan. Creer que los jueces y magistrados están comprados o que les pagan para torcer sus fallos, es absolutamente detestable. No hay derecho para que nos hagan creer que estamos ante el mundo ruin y miserable de que para tener justicia primero hay que pasar el fajo de billetes. ¡NO!. Esa no es nuestra juridicidad. Dejarle espacio a pensar de otra manera es llegar a creer también que el imperativo ilegal debe prevalecer solo por alimentar intereses personalísimos distantes a los del bien común´.

El editorial rechazó el hecho que se haya  matoneado a la justicia del Magdalena, enaltecida por mujeres y hombres que con sapiencia y dignidad de seres humanos contribuyen a un mejor desempeño de nuestra sociedad, con cualidades, virtudes y defectos, desde luego, pero es la regla de oro de lo que hoy tenemos. Dejar prosperar el manto de la duda e incertidumbre equivale como a que debiéramos entonces cerrar los despachos judiciales porque de ahí no saldrá nada correcto que no inspire confianza y podamos con certeza afirmar que vivimos bajo el imperio de la Constitución y la Ley´

Las consideraciones expresadas en el editorial recibieron el más completo respaldo de distintos sectores judiciales y de la academia por lo acertado del comentario y la manera como se apuntó al respaldo inequívoco de la institucionalidad.

COMUNICADO

Por su parte, el magistrado Alberto Rodríguez Akle, presidente del Tribunal Superior de Santa Marta,  rechazó las informaciones que a través de las redes sociales con contenido apócrifo y con mensaje de amenazas contra la integridad y moral de magistrados, jueces y empleados de ese Tribunal han circulado en la ciudad.

El comunicado del Honorable Tribunal ha sido igualmente exaltado y respaldado por el foro que se ha manifestado en apoyo a los administradores de justicia.

En su contexto expresa:

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en Sala de fecha noviembre 16 de 2023, ante la situación presentada en esta ciudad, como consecuencia del proceso electoral del pasado 29 de octubre, donde han circulado pasquines e informaciones en las redes sociales con contenido falaz y apócrifo, con mensajes de amenazas contra la integridad física y moral de magistrados, jueces y empleados de este Distrito Judicial, se permite indicar lo siguiente:

La Justicia, definida como valor y fin, es «aquel conjunto de valores, bienes o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de convivencia a la que llamamos derecho.” (Norberto Bobbio).

La Rama Judicial del poder público constituye una pieza central en el funcionamiento del Estado y está encargada, fundamentalmente, de aplicar la justicia en aras de materializar los derechos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones e imponer las sanciones que en derecho correspondan.

La Administración de Justicia, conforme la define el Art. 1º. de la Ley 270 de 1996, “…es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.”

Nuestra Constitución Política señala en su Art. 228 que las decisiones de la administración judicial, en su carácter de función pública, son independientes.

Por tanto, rechazamos cualquier tipo de presión o imposición, venga de donde viniere, que pretendan manipular las decisiones judiciales, contrariando las disposiciones normativas, los principios que orientan la recta administración de justicia y el servicio imparcial, autónomo e independiente de los funcionarios judiciales.

En el marco de un Estado Social de Derecho, propio de un régimen democrático, las decisiones de los jueces jamás podrán estar motivadas por corrientes de opinión o consideraciones políticas, religiosas o de cualquier otra naturaleza ajena al ordenamiento jurídico.

Respaldamos, de manera irrestricta, a los servidores públicos que están siendo amenazados y hostigados por sus labores al frente de los escrutinios y solicitamos para ellos, de parte de las autoridades competentes, que se activen los mecanismos que correspondan para garantizar la protección de sus vidas y demás derechos fundamentales, así como el adelantamiento de las investigaciones a que hubiere lugar, para dar con los responsables de tales conductas, no obstante que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las entidades investigativas.

Solicitamos de parte de la comunidad en general una actitud sensata y respetuosa ante las decisiones de las autoridades del Distrito Judicial, recordándoles que nuestra Constitución Política, en su Art. 31, otorga la garantía de la doble instancia por vía de los recursos y de las acciones correspondientes, ante los entes judiciales y de control.

ALBERTO RODRÍGUEZ AKLE

Presidente Tribunal Superior de Santa Marta

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