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La desnutrición y negligencia del Estado, están matando a los niños Wuayúu en La Guajira

La Contraloría General de la República encontró muchas inconsistencias en el cumplimiento de los programas para la alimentación de esa población de la media y alta Guajira colombiana.

POR
TONNY
PÉREZ MIER

A los niños y niñas Wayúu  de la media y alta Guajira, no solo la desnutrición los está matando. También está acabando con sus vidas, la indiferencia de algunas entidades públicas y privadas que no han cumplido con las obligaciones pactadas con el Gobierno Nacional para erradicar ese mal en toda la península.

Del 1.2 billones de pesos destinados por el Estado para cumplir con los diferentes programas sociales y alimenticios principalmente entre el 2019 – 2022, para acabar con la desnutrición de esta población, 12.088 millones están ‘embolatados’ o si se invirtieron no han sido soportados hasta la fecha.

Pero allí no para la desazón estatal contra esta inerme población, algo que ha dejado estupefacto a toda la comunidad Guajira y al país en general, fueron las recientes denuncias hechas por Carlos Zuluaga Pardo, vicecontralor con funciones de Contralor General de la República.

Fue allá en Riohacha, en una rendición de cuentas, donde el funcionario, sin miedo y sin contemplaciones dijo que 95 de los 265 niños perteneciente a la etnia Wayúu  que murieron entre 2019 y 2022, por desnutrición, estaban inscritos en programa de apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. “¿Qué pasó allí?”, se preguntó.

Recalcó que, el Gobierno colombiano estuvo pagando por la atención de esos infantes que desafortunadamente murieron y de quienes se entregó poca o nula información sobre su verdadera situación frente a los programas asistenciales.

Y denunció públicamente que los contratos para la atención de esa población como lo ordena la Sentencia T – 302 de 2017 de la Corte Constitucional, estuvieron plagados de irregularidades que permitieron muchos hallazgos, que ponen en duda el cumplimiento de dichos programas establecidos para su atención, cuando el problema era evidente a nivel nacional.

NO INFORMABAN LOS RESULTADOS

Zuluaga Pardo advirtió que, ejemplo de esta desarticulación se ve en atención a los niños Wayúu en donde la actuación especial de la CGR encontró que las entidades gubernamentales desarrollan sus programas y proyectos, pero no comparten sus resultados ni se comunican debidamente.

“Esto es algo que se ha vuelto común en los procesos de atención a los niños Wayuu: las entidades desarrollan sus programas y proyectos y los resultados de los mismos no son compartidos con otras entidades interesadas y que también deben intervenir el proceso de combatir la desnutrición infantil”, sostuvo.

A manera de ejemplo, dijo que,  cuando se focaliza un niño por desnutrición en el ICBF esta información no es compartida con las EPS y con el Ministerio de Salud, con el ánimo de procurar esfuerzos mancomunados y poder ayudar al infante en el estado desnutrición a salir de la referida situación y hacer el seguimiento necesario.

“La tasa de mortalidad en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha y Manaure por desnutrición promedio es 61,88 por 100.000 niños menores de 5 años entre 2018 – 2022; la cual es mayor respecto a lo registrado en el promedio nacional y departamental”, revela el documento.

La entidad observó el incremento de casos acumulados por desnutrición a corte de 31 de diciembre de 2022, en la población indígena Wayúu menor de 5 años, reportados en los municipios de Uribia, 161, Maicao, 76, Riohacha 42 y Manaure 151.

MUCHOS HALLAZGOS

La Contraloría Delegada de Educación como resultado de su participación en esta Actuación Especial de Fiscalización presentó 15 hallazgos, de los cuales 3 con connotación fiscal al departamento de La Guajira y al municipio de Riohacha por $149.701.116 por las irregularidades en el pago de la prestación del servicio de las manipuladoras de alimentos del PAE y deficiencias en el pago de la dotación de uniformes y tapabocas de este personal. Por otro lado, se determinó hallazgo administrativo al Ministerio de Educación Nacional por la falta de lineamientos

En el componente de salud se detectaron 18 hallazgos administrativos, 17 con posible incidencia disciplinaria y 8 con alcance fiscal por $2.257.150.297, generados por:

–         Incumplimiento del principio de planeación y transparencia en la contratación pública.

–         Debilidades en la etapa precontractual y falta de mecanismos de control interno y de supervisión, frente a la realización de las actividades contratadas.

–         Falta de seguimiento y control por parte del ente territorial, en la expedición de la respectiva acta de liquidación.

–         Falta de planeación, mecanismos de control y falta de gestión por parte de los entes territoriales, para contratar de manera oportuna el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) de la respectiva vigencia.

Se evidenció en una muestra de 28 contratos adelantados por los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, así como el Departamento de La Guajira, Empresa de Servicios Públicos de La Guajira, Esepgua, un hecho general: la falta de seguimiento, supervisión, control y planeación en la configuración, desarrollo y culminación de los proyectos que son destinados a agua potable.

Estos apenas uno de los numerosos hallazgos que hizo la Contraloría General de la República en los contratos millonarios suscritos con varias entidades para la atención de esta población infantil que estaba siendo dezmada por la desnutrición.

ACCIONES DEL ICBF

Recientemente, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres Cárdenas, ratificó el compromiso del Estado para detener las muertes de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición.

Aseguró que para la entidad a su cargo, es importante continuar tejiendo lazos para lograr que el Estado responda a todas las condiciones estructurales que han hecho que sea el pueblo donde mayor mortalidad infantil se registra por desnutrición.

Manifestó que el ICBF, acata la decisión de la Corte Constitucional pero insistió en que se necesita un espacio de salud territorializado para darles respuesta a los niños y niñas de La Guajira.

“No podemos dar marcha atrás con una salud que le llegue a cada una de las rancherías y en esto, las comunidades van a tener nuestro compromiso y nuestro esfuerzo de la mano de todo el Estado para lograrlo”, subrayó.

Frente a la crisis que afrontan los menores de 5 años a causa de la desnutrición, la directora general del ICBF ordenó la entrega de agua potable en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.

En ese sentido, el ICBF a través de las unidades móviles empezó la distribución de 18.720 galones, de cinco litros cada uno, a las familias atendidas y acompañadas por esta estrategia, gracias a la donación por parte de la empresa ARA para beneficiar a las niñas, niños y familias focalizados.

“La distribución de agua potable está concebida como una estrategia y solución inmediata para conjurar la actual crisis de desnutrición en los cuatro municipios de La Guajira, priorizados por la sentencia de la Corte”, sostuvo.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS LOCALES

Los representantes de varias organizaciones locales que se enteraron de los hallazgos encontrados, mostraron su indignación frente a ese panorama, porque por eso la población infantil no recibió la atención requerida para evitar el alto grado de desnutrición detectado en la media y alta guajira.

Javier Rojas Uriana, representante legal de la organización Shipia Wayúu, al conocer de viva voz del Contralor General de la República los hallazgos encontrados en el cumplimiento de los programas para la atención de la desnutrición de la niñez de La Guajira, se mostró indignado, tal como lo dejó expreso en su cuenta X, antiguo Twitter.

“95 niños Wayúu muertos por causas asociadas a la desnutrición, además de la indolencia y deshumanización de los funcionarios públicos también responsables de la tragedia humanitaria que viven las comunidades Wayúu, una evidencia más del incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh”, escribió en su cuenta.

Por último le solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, decrete las medidas provisionales para proteger el derecho a la vida de los miles de niños y niñas en riesgo de morir por hambre y sed en el territorio Wayúu.

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