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El holocausto del Palacio de Justicia llegó a la JEP

Varias instituciones, estatales y no estatales, respondieron ante la JEP este jueves cuál es su balance frente a la identificación de los cuerpos desaparecidos y recuperados luego de los fatídicos 6 y 7 de noviembre de 1985.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP convocó a Helena Urán Bidegain, la coordinadora de No Repetición de la Cancillería e hija del magistrado desaparecido y asesinado durante la retoma Carlos Horacio Urán, a ampliar su solicitud de medidas cautelares para tres sitios clave durante el holocausto.

La JEP pretende definir si debe establecer algún mecanismo de protección para el museo Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur. En los tres lugares se han documentado torturas, desapariciones y asesinatos de parte de la Fuerza Pública.

Además, el ente judicial llamó al Instituto de Medicina Legal, a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Cultura, Forensic Architecture, entre otros organismos.

EL PEDIDO DE HELENA URÁN

Más allá de sustentar su solicitud de medidas cautelares, Urán habló al inicio de la diligencia para pedirle a la JEP que interceda en la búsqueda por que Estados Unidos desclasifique archivos que expliquen su rol durante la toma y retoma.

Urán elevó ante la Jurisdicción Especial cuatro solicitudes en concreto. En especial, la que tiene que ver con Norteamérica busca que se esclarezca si conocía, o no, lo que ocurría en Bogotá ese día. La tesis de Helena es que sí, como lo plasmó en su libro ‘Mi vida y el Palacio’.

La politóloga le requirió a la justicia transicional “que inste al presidente de la república a solicitar formalmente al Gobierno de Estados Unidos la puesta en marcha de un programa de desclasificación de archivos de los días 6 y 7 de noviembre de 1985”.

Asimismo, reiteró que la JEP debería ayudar a «resignificar los lugares donde se cometieron los crímenes más atroces en torno al Palacio de Justicia», pues esa sería «no solo una forma de hacer una justicia que restauraría a las víctimas, sino que nos permitiría abrir el debate con el resto de la sociedad».

«No podemos seguir pasando por lugares públicos que fueron utilizados para cometer crímenes de guerra y hacer como si no hubiera sucedido nada, no podemos mantener este secreto a voces como un tabú, hay que hacer visible lo que se ha querido ocultar», concluyó Helena.

«CICATRIZ Y VERGÜENZA»

El magistrado Gustavo Salazar, uno de los encargados de presidir la audiencia de hoy, se refirió al las violentas circunstancias que rodearon la toma y retoma del Palacio de Justicia.

“Hace 38 años el Palacio de Justicia se convirtió no solo en un evento y un gravísimo crimen de guerra, sino en huella, cicatriz y vergüenza; uno de los más burdos ejemplos de crueldad e ignominia en un país atiborrado de ellos”, manifestó el togado.

Salazar añadió que Colombia es un país que «aún no ha logrado enlistar todos los lugares que deben convertirse en pilares de la memoria».

En ese sentido, «construir una verdad y una memoria, para cerrar las puertas a la tiranía de la violencia, de la política de las armas, de la estigmatización aniquilante de la diferencia como antesala para el crimen, es una condición ética mínima para forjar una democracia».

“El Palacio de Justicia debe poder servir a la reflexión de una sociedad que, cansada de la violencia, ha aplaudido hasta el cansancio y llevado sobre sus hombros a los violentos. El Palacio de Justicia son muchos lugares”, concluyó el magistrado.

CATORCE VÍCTIMAS SIGUEN DESAPARECIDAS

Carlos Antonio Murillo, subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, expuso cómo fue la necropsia a 94 cuerpos retirados del Palacio de Justicia y del Hospital Militar luego del holocausto.

De esas 94 personas, expresó Murillo, se logró identificar a 56. Las limitaciones de entonces eran principalmente de dos tipos, unas de orden técnico y tecnológico y otras derivadas de la calcinación de los cuerpos, lo que había causado pérdida de su ADN.

«Solo en trece casos de estos 56 se logró tener huellas con las que se hicieron cotejos, y el resto de cuerpos se identificaron por reconocimiento de familiares y allegados», indicó el funcionario.

Tras nuevos hallazgos y exhumaciones con el tiempo, el número de personas identificadas subió a 63. De esos restos, sesenta fueron entregados a familiares. Murillo aclaró que 24 de los cuerpos identificados fueron encontrados en el Cementerio del Sur y 36 se recuperaron en otros lugares.

Quien confirmó la cifra de catorce personas desaparecidas fue Gilberto Iván Villarreal, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema. Él, además, señaló que la Fiscalía ha identificado dos sitios de interés forense en los que se podrían encontrar restos e personas desaparecidas.

BOGOTÁ, (Colprensa).-

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