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´No más secuestro ni reclutamiento de menores de edad´: la Defensoría

Desde Barrancas (La Guajira), a donde llegó ‘Mane’ Díaz luego de ser liberado, la Defensoría del Pueblo le pidió al ELN dejar de secuestrar y de reclutar menores, y al Gobierno le solicitó adoptar esas condiciones como vinculantes para seguir en un proceso de paz.

“Dejar de secuestrar y de reclutar menores de edad deben ser condiciones inamovibles para continuar los diálogos», expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien indicó que les enviará una carta al respecto al presidente, Gustavo Petro, y al comisionado de paz, Danilo Rueda.

«Nuestro mensaje es directo: ni el ELN ni el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc ni otro grupo armado deben sentarse a la mesa de conversaciones a buscar la paz siguiendo, como si nada, con la práctica de tan abominable crimen y teniendo a menores de edad en sus filas», continuó el director de la Defensoría.

La entidad defensora de derechos humanos subrayó que la violación de la libertad individual es una infracción al derecho internacional humanitario que, además, atenta contra la dignidad, la integridad y la vida de las personas que permanecen secuestradas.

“Uno de los ejes centrales de conversación en la mesa con cualquier grupo, no solo con el ELN, debo insistir, es el abandono del secuestro. Debe haber una voluntad real y decidida para tratar el tema y llegar a consensos”, puntualizó Camargo.

Frente al planteamiento del Gobierno sobre la exigencia de que el ELN no siga secuestrando si quiere dialogar, la Defensoría destacó que es un gesto en el que la delegación estatal «debe sostenerse». «No más secuestros, un método execrable de economía ilícita que desfigura la condición humana», mencionó Camargo.

Además de renunciar al secuestro como forma de financiación, la Defensoría del Pueblo les pidió al ELN y al EMC «renunciar a la práctica de la extorsión».

El regreso a casa de ‘Mane’ Díaz debe motivar una discusión sobre el secuestro

La Defensoría recalcó que debe existir una discusión en torno al secuestro, tanto como forma de financiación de los grupos ilegales como en el sentido de que sea una condición para continuar en las mesas de diálogos. “El debate (de la financiación de los grupos ilegales) hay que plantearlo, pero no a cualquier precio», apuntó el defensor Carlos Camargo.

Tal deliberación surge luego del retorno a la libertad de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano ‘Lucho’ Díaz, quien estuvo en poder del ELN desde el 28 de octubre hasta el 9 de noviembre. Una misión humanitaria conformada por Naciones Unidas y la Iglesia Católica permitió internarse en el lugar en el que ‘Mane’ estuvo detenido para luego devolverlo a su hogar, en Barrancas.

«Solamente había pasado un par de horas de la liberación del señor Díaz cuando el ministro del Interior dijo que se debe buscar una solución para financiar al ELN. Es una declaración inapropiada», subrayó Camargo Assis.

Para el titular de la Defensoría del Pueblo, aprobar las declaraciones del ministro Luis Fernando Velasco sería «avalar un subsidio al secuestro en el país». Por eso, según el defensor, la ciudadanía debería «exigirle al Gobierno nacional que no permita un exabrupto de tal naturaleza».

Los secuestros en Colombia, un panorama «sombrío»

Esta semana, el órgano de derechos humanos presentó un informe en el que señaló que entre enero de 2022 y septiembre de 2023 fueron secuestradas 160 personas. El balance fue calificado como «sombrío».

De esas, unas 121 regresaron a la libertad, mientras que 39 permanecen en cautiverio. «Sus familias necesitan saber dónde están, pero, lo más importante, necesitan el inmediato regreso a la libertad de sus seres queridos», manifestó Carlos Camargo.

El departamento en el que más se cometieron secuestros fue Arauca, donde delinque el Frente de Guerra Oriental del ELN, donde ocurrieron 55 casos. A esa región le siguen Antioquia, Norte de Santander, Vichada, Cauca y Nariño.

Durante todo 2022 se presentaron 81 retenciones en Colombia. Entre enero y septiembre de este año, la cifra fue de 79, por lo que la Defensoría vaticina que al cerrar el año el número podría ser mayor si no existe un mejor compromiso de parte de los grupos armados./Colprensa

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