HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Magistrados conmemoraron 38 años del holocausto del Palacio 

Los hechos del Palacio de Justicia pusieron además en evidencia que la rama judicial era doblemente vulnerable frente a ataques violentos de actores ilegales como la guerrilla.

POR
EDGAR
TATIS GUERRA

Con una ofrenda floral colocada en el busto en honor al magistrado y mártir samario José Eduardo Gnecco Correa, el cual se encuentra en el patio interior del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, los magistrados conmemoraron los 38 años del holocausto del Palacio de Justicia.

Al acto simbólico celebrado ayer en horas de la mañana asistieron varios magistrados quienes conforman las distintas salas del Tribunal y otros servidores judiciales, con el propósito de honrar la memoria de los magistrados y víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

Durante la conmemoración hubo una profunda reflexión propiciada por la lectura de un texto del doctor Rodrigo Uprimmy Yepez (ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional), la cual estuvo a cargo del magistrado Alberto Rodríguez Akle, en calidad de presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.

El magistrado Rodríguez Akle recordó que, en 1979, con ocasión del primer Foro de Derechos Humanos en Colombia, Alfonso Reyes Echandía -quien aún no era magistrado de la Corte Suprema- presentó una notable ponencia sobre el abuso del estado de sitio en nuestro país en donde concluía que los riesgos de dicho abuso eran que “la democracia puede ser desvirtuada en nombre de la democracia”.

Y coincidió con el doctor Rodrigo Uprimmy en que “dolorosamente sus palabras fueron proféticas. La doble toma del Palacio de Justicia sintetiza trágicamente ese riesgo, pues la democracia colombiana prácticamente fue destruida, pero en nombre de la defensa de la democracia”.

Y siguió diciendo “la primera toma de ese fatídico 6 de noviembre de 1985 fue hecha en nombre de la democracia, pues el ataque del M-19 se llamaba ‘Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre’. Esa agrupación planteaba presentar una ‘demanda armada’ para que la Corte Suprema juzgara al presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el Gobierno y el grupo guerrillero habían firmado en agosto de 1984”.

Mucho se podría discutir sobre esa curiosa combinación de legalismo y violencia que caracteriza a los colombianos y que se encuentra resumida en la expresión “demanda armada”, usada por el M-19 en ese operativo. No parece muy coherente aprisionar violentamente a unos magistrados para presentarles una demanda judicial, que luego deberían analizar imparcialmente mientras están en manos de sus captores.

“Pero, más contradictorio aún es que esa toma violenta se haya hecho en nombre de los derechos humanos y de la democracia. Es cierto que el pensamiento democrático admite en situaciones extremas el derecho de rebelión frente a regímenes tiránicos. Pero también es claro que los derechos humanos y la democracia tienen en su corazón una ética de la moderación en el uso de los medios para alcanzar ciertos fines. Y es que, así como hay fines que por su perversidad no justifican el uso de ningún medio, existen medios que por su desmesura no pueden ser justificados ni siquiera por los fines más nobles. Por ello, si bien la democracia y los derechos humanos son valores dignos de ser defendidos, existen medios injustificables para su defensa”, leyó el magistrado Rodríguez.

Finalmente enfatizó en que los hechos del Palacio pusieron además en evidencia que la rama judicial era doblemente vulnerable: mostraron que incluso su cúpula -la Corte Suprema y el Consejo de Estado- estaba prácticamente indefensa frente a ataques violentos de actores ilegales como la guerrilla. Pero también que estaba indefensa frente a las reacciones igualmente violentas del poder ejecutivo y de la Fuerza Pública.

“Si la existencia de un poder judicial independiente es un elemento esencial de la democracia, entonces una primera enseñanza del Palacio de Justicia es que es necesario superar esa doble vulnerabilidad del sistema judicial, protegiendo a los jueces frente a los actores privados, pero, así mismo, asegurando su respeto por parte de los otros poderes del Estado. A partir de la Constitución de 1991 ha habido algunos avances en ambos aspectos, pero todavía falta mucho en este aspecto”, indicó.

El holocausto deja otra dura e importante enseñanza. Muestra que no todo vale en la defensa de la democracia. Para la preservación de los valores democráticos pueden ser tan peligrosos los actos terroristas como la respuesta desmesurada del propio Estado frente a esos actos

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