HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Alertas sin atender: los riesgos en seguridad para elecciones de este domingo

Cuando la Defensoría del Pueblo emitió su alerta temprana sobre el contexto electoral, explicando que en más de trescientos municipios los comicios regionales estaban en riesgo, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X —su canal de comunicaciones predilecto— que realmente eran solo diecisiete.

Más de cincuenta días después, la Defensoría publicó un informe de seguimiento a la alerta. En él reiteró que trescientos municipios podrían ser afectados por el accionar de grupos armados ilegales y por diferentes hechos de violencia contra las candidaturas. En 113 municipios persiste un riesgo extremo, y en otros 286, un riesgo alto.

Aun así, el 25 de octubre, en una rueda de prensa por el Plan Democracia Interinstitucional, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mencionó que la Policía y el Plan “han detectado 43 municipios en los cuales hay que hacer una tarea especial”.

Ese mismo día, más temprano, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que la entidad que dirige encontró alto riesgo de afectación de la jornada electoral en 261 municipios, y un riesgo medio en otros 494. Es decir, en más de 700 podrían presentarse distintos delitos que podrían tener incidencia en el proceso electoral.

Pero la atención se concentró en la legitimidad, o no, de la propuesta gubernamental de pagar recompensas a quienes aporten información que pueda ayudar a la cacería de compradores de votos.

Mientras en la ciudad capital se debatía sobre la interpretación de la iniciativa y sobre quiénes debían adelantar labores investigativas, en aquella “Colombia profunda” a la que el actual gobierno se refería en campaña persistían las vulneraciones a los derechos por cuenta, principalmente, de los grupos armados entre otros factores.

Entre agosto, cuando la Defensoría emitió la alerta temprana, y la semana pasada, cuando se presentó el informe de seguimiento, se registraron 204 acciones violentas contra candidatos y líderes sociales. Esa cifra, de hecho, es menor a la recogida entre enero y julio de este año, cuando hubo 173 conductas violentas.

Es decir, desde el llamado de atención de la entidad de derechos humanos hasta la consolidación de la evidente falta de articulación institucional aumentaron los acontecimientos delictivos que, por supuesto, influyen en la jornada electoral. No obstante, en medio de todo, el país avanzaba en un nuevo paso histórico en la búsqueda de la paz, pues se pudo firmar un cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc.

Pero la búsqueda de convivencia con esa disidencia también marcó un nuevo episodio de riesgo para las elecciones y de desarticulación entre entidades. Al iniciar la última semana previa a los comicios, el grupo liderado por ‘Iván Mordisco’ sugirió que en varios territorios quienes debían custodiar las elecciones eran las guardias indígenas, campesinas y cimarronas.

Tanto la Defensoría como la Procuraduría y las Fuerzas Militares rechazaron ese llamado y sostuvieron al unísono que “no hay zonas vedadas” para la institucionalidad. Sin embargo, todo el país se mantuvo en vilo cuando las Fuerzas Armadas, a lo largo de la semana, dieron señales de no poder entrar a El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia (Cauca) casi dominado por el EMC.

No fue sino hasta el viernes, 27 de octubre, cuando el Ejército dio pruebas de que pudo desplegarse por el territorio, en el que la Registraduría Nacional había alertado sobre la imposibilidad de entregar el material electoral con el que cerca de cinco mil ciudadanos podrían depositar sus votos. Pero antes de la llegada de los uniformados, el protagonismo lo tuvieron quienes manejan el control territorial a causa de la falta de Estado: el Estado Mayor Central.

Con un comunicado, la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y el EMC anunció que el grupo ilegal acompañaría a las entidades electorales en el corregimiento el 29 de octubre. El rechazo, de nuevo, fue unánime, pero evidenció una completa desconexión entre las mismas entidades que se agrupan en el Gobierno.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, tajantemente desestimó la posibilidad de que los subversivos pudiesen ser parte de la fiesta de la democracia, y luego se sumó el propio presidente, Gustavo Petro, quien indicó que ni él ni el Comisionado de Paz habían dado semejante autorización.

La Procuraduría, la Defensoría, la Registraduría, la Misión de Observación Electoral; todos se pronunciaron en contra de una manifestación reflejada en un comunicado oficial. ¿Entonces la Mesa de Diálogos no dialoga fuera de ella?

En Cauca, por cierto, hubo tres conductas vulneradoras de los derechos humanos entre agosto y septiembre. Además, en ese departamento al menos trece municipios se encuentran en riesgo extremo, once tienen un riesgo alto y doce se mantienen con un riesgo medio, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, de acuerdo con Indepaz, de los 135 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se han reportado en lo que va de 2023, veintiséis han ocurrido en Cauca. Uno de los más recientes sucedió el 20 de octubre, en Argelia, el municipio del que El Plateado es parte, y terminó con la muerte de Miller Silva Rosero.

Además de Cauca, Nariño presenta diecisiete municipios en riesgo extremo. Norte de Santander le sigue, con dieciséis; Chocó cuenta con quince, Bolívar tiene nueve, y Antioquia y Caquetá, cada uno, tienen siete municipios extremadamente riesgosos. Para esos territorios, y para candidatos en general, el defensor Carlos Camargo pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta el día de las elecciones no respondió.

La fuente principal del riesgo, además de la obstinada descoordinación interinstitucional, es la alta presencia de grupos armados ilegales. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —o Clan del Golfo— están asentadas en 331 municipios, mientras que el ELN está en 231, el Estado Mayor Central está en 234, la Segunda Marquetalia se encuentra en 65, los Comandos de la Frontera están en 24 y otras disidencias de las Farc aparecen en el mapa de 34 municipios.

En varios territorios, como en zonas de la Sierra Nevada de Santa Marta o en Vichada, persisten los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales para disputarse el territorio y las rutas del narcotráfico. En medio de la disputa, quien resulta más afectada es la población civil, la misma que se mantiene entre disparos y amenazas y tendrá que definir su futuro marcando tarjetones con una equis.

BOGOTÁ, (Colprensa)

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