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El Gobierno continúa insistiendo a la ciudadanía para que denuncie aquellos casos en los que posiblemente haya un delito de compra y venta de votos, y para ello ofrece el incentivo del 10% de lo incautado a modo de recompensa.
Según el presidente Petro, se trata de una estrategia anticorrupción que lleve a judicializar a quienes infrinjan la ley y él mismo entregará las recompensas. “Los y las espero”, dice por medio de redes sociales.
Y aunque desde distintos sectores se le ha criticado, pues hay quienes afirman que se trata de una medida populista y que es responsabilidad del ciudadano denunciar, sin necesidad de que se le pague por ello, ya se ven las primeras consecuencias.
Este jueves se viralizó un video en el que aparece Sandy Sepúlveda, exalcalde de Astrea (Cesar), siendo acorralado por varias personas que lo acusan de comprar votos para favorecer a una candidata que estaría apoyando el llamado clan Gnecco. El hecho se presentó la noche anterior e incluso tuvo que mediar la Policía.
Sepúlveda fue contactado por el diario local El Pilón y aseguró que simplemente “estaba en reunión política hablando con amigos y pidiendo el voto, por eso no nos impusieron ninguna sanción. La Policía preguntó si estaba comprando el voto y todos negaron las calumnias”.
En Medellín, el candidato Juan Carlos Upegui puso en conocimiento de la opinión pública que habría una operación de compra de votos liderada por grupos delincuenciales.
“Tenemos información de que en diferentes lugares, diferentes barrios, hay presiones para que la ciudadanía vote por obligación por ciertas candidaturas. Hacemos un llamado a las autoridades, que le pongan la lupa a Medellín; inclusive, si es posible, que tengamos un acompañamiento electoral de entidades internacionales. Estaríamos ante la operación de fraude sistemático más grande que se haya visto en la historia de nuestra ciudad”, expresó el candidato de Independientes.
En las últimas horas también se supo del caso del alcalde de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz Guerra, quien fue señalado de favorecer la candidatura de Enrique Camilo Urbina ‘Cubita’.
Contra ambos ya hay una denuncia en la Fiscalía por la presunta comisión de conductas punibles tipificadas como constreñimiento al sufragante, fraude al sufragante y corrupción de sufragantes.
Según dicen, Díaz habría ofrecido beneficios a distintas personas –entre ciudadanos, contratistas y candidatos al concejo– a cambio de su voto, y las pruebas estarían ya en manos de las autoridades.
En el mismo departamento (La Guajira) este miércoles hubo una protesta de los habitantes, quienes bloquearon la Troncal del Caribe pidiendo la presencia de las autoridades y demás organismos como la MOE ante la retención de cédulas.
Entretanto, el Gobierno insiste en que cualquier denuncia puede ser remitida a través de los siguientes canales:
www.uriel.mininterior.gov.co
denunciasuriel@mininterior.gov.co
Línea gratuita 01 8000 912 005
Línea contra el crimen 24 horas 314 358 7212
Marcando #623 desde el celular
BOGOTÁ (Colprensa).