HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Otra grieta a la certidumbre

He conocido muchos casos, algunos muy cercanos, en los cuales ha sido palpable que la tranquilidad de un paciente con una enfermedad grave y la de su familia han dependido de un producto surgido de la innovación científica, ya sea un remedio, un tratamiento o una intervención. Si no existiera innovación y recursos para la investigación no habría mejores soluciones para enfermedades crónicas, para enfermedades huérfanas, para la calidad de vida de pacientes con cáncer, por mencionar algunos.

Desarrollar un nuevo medicamento cuesta en promedio US$2.500 millones; desde que un laboratorio empieza a investigar una molécula innovadora hasta que el medicamento llega al mercado pueden transcurrir entre 10 y 15 años; de 100 innovaciones solo 17 llegan al mercado. Es por ello por lo que los derechos de exclusividad o propiedad intelectual son una contraprestación necesaria, razonable y adecuada para que la inversión cumpla su objetivo y se pueda continuar con nuevos ciclos de innovación en la búsqueda de distintas soluciones para ofrecer bienestar, prevenir enfermedades, salvar vidas o darles una vida digna a las personas en las situaciones más complejas y difíciles. No cumplir este derecho adquirido aporta una grieta más a la certidumbre en el país.

Por eso leí con cierta desazón la resolución oficial “por medio de la cual se declara la existencia de razones de interés público para someter una patente de los medicamentos cuyo principio activo es el dolutegravir a licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental” que en otras palabras significa que Colombia podrá fabricar o importar dolutegravir genérico, sin permisos de la empresa titular de la patente.

Colombia puede establecer una licencia obligatoria, pero debe hacerlo con rigurosidad, sujeto a las normas. Si el problema para aplicarla es acceso, no se explica porque existen 16 laboratorios proveyendo el medicamento. Si el problema es precio, 76% del mercado consume otros tipos de medicamentos efectivos para la enfermedad. En realidad, no hay una razón para levantar un derecho adquirido y si deja un mal precedente, se abre una grieta más en la confianza inversionista, en la tranquilidad de las decenas de compañías que desde hace décadas están radicadas en Colombia, que invierten y se expanden, que son sensibles al cambio en las reglas del juego, como las que puedan venir en una próxima e inminente reforma a la salud.

En los tratados internacionales y acuerdos comerciales las patentes son un mecanismo de inversión que se protege en función de promover la investigación científica, al tiempo que se aporta a mejorar las condiciones en salud pública con medicamentos innovadores. Al respecto, frente a los Acuerdos Internacionales de Inversión firmados por Colombia, recordemos que estos exigen el cumplimiento de un conjunto de obligaciones dirigidas a proteger las inversiones que realicen los nacionales de países terceros en el Estado colombiano.

Y las grietas no solo suman de un sector, llegan de distintos sectores, como desde el energético. Brookfield Corporation, el mayor accionista de Isagen, empresa comercializadora de energía, envió una carta al Gobierno advirtiendo que de ser implementadas las medidas anunciadas en materia energética perjudicarían los derechos y las expectativas de los inversores en Colombia.

*Presidenta de AmCham Colombia y Aliadas

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