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Exministros piden atender la crisis del sector eléctrico

Desde distintos sectores se le ha pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias a tiempo ante los problemas financieros que atraviesan 17 empresas comercializadoras de energía.

El país sigue en la incertidumbre por la crisis del sector eléctrico. Durante el fin de semana 14 exministros de Hacienda y de Minas y Energía enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro en el que le solicitaban atender las advertencias por una posible crisis energética que se podría desatar en el país, por cuenta de los problemas financieros que padecen las electrificadoras.

Los exfuncionarios le pidieron al Gobierno que tome las medidas necesarias a tiempo ante los problemas financieros que atraviesan 17 empresas comercializadoras de energía.

La misiva fue firmada por los exministros Amylcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro, luego de responsabilizar al Gobierno anterior de las dificultades financieras de las electrificadoras, anunció que se destinarán recursos de Findeter para prestarles a las comercializadoras.

«La opción tarifaria que produce las dificultades financieras en el sector de comercializadoras, la mayoría públicas, la produjo el anterior Gobierno. Este Gobierno dispondrá recursos de Findeter para prestarle a las comercializadoras», dijo Petro en sus redes sociales.

«Los $5 billones de alivio que se dio en la pandemia en tarifas de energía a los usuarios nunca debieron haberse dado a titulo de deuda. Esa deuda hoy es asumida por las comercializadoras y no por las generadoras. ¿Nuestros exministros piden que los usuarios paguen esa deuda como ha tocado hacer también con la deuda del fondo de combustibles?», agregó el presidente Petro.

«Propongo prestarle recursos a las comercializadoras con recursos del Findeter que ya están dispuestos pero el espacio financiero para pagar la deuda que nos dejo Duque debe salir de un menor valor de las tarifas de las generadoras que permita a las comercializadoras pagar su deuda y que beneficie también a los usuarios», fue la propuesta del jefe de Estado.

En la carta enviada por los 14 exministros, advirtieron que «17 comercializadores que atienden casi 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones”.

Agregaron que esta situación «amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual y tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro; así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones del diferimiento de la tarifa (Opción Tarifaria) que se dio como alivio en momentos de la pandemia».

También advirtieron por la posibilidad de un Fenómeno de El Niño duro, que podría afectar aumentar la presión a la crisis. «A esta situación hay que sumarle las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del Fenómeno de El Niño, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo, y la precariedad en la que se tiene sumidas a instituciones fundamentales para enfrentar coyunturas complejas como esta», dice la misiva.

Luego cuestionaron si el Gobierno, en cabeza de autoridades como la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda, estaría preparado para asumir la intervención de las comercializadoras sin perder la calidad del servicio y sin afectar la regla fiscal.

Con esto, también recordaron la intervención de Electricaribe en 2019 que «ocasionó una caída en el recaudo, un aumento en los niveles de pérdidas y costos fiscales que según lo manifestado por el gobierno se acercaron a los $11 billones».

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