Atención: Procuraduría abre indagación previa al canciller Leyva por crisis migratoria

Ante la presunta omisión de la aplicación integral de la Política Integral Migratoria (PIM), respecto a la población que atraviesa el Tapón del Darién, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y al viceministro Francisco Coy.

De acuerdo con el Ministerio Público, los funcionarios “deberán explicar a la entidad las razones por las que, al parecer, no aplicaron la PIM a los migrantes ubicados en los municipios de Necoclí, Acandí y Capurganá, que pretenden atravesar la frontera entre Colombia y Panamá”.

En un comunicado, la Procuraduría además señala que Leyva y Coy tendrán que responder por qué supuestamente “dejaron de implementar acciones para mantener en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario, que beneficiaba a quienes ingresaban al país por el oriente”.

“La Sala de Instrucción Disciplinaria incluyó en el expediente al director general y la subdirectora de control migratorio de la Unidad Administrativa de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva y Martha Hernández Arango”, señaló la Procuraduría.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público, los funcionarios «habrían dejado de ejecutar de manera efectiva la Política Integral Migratoria en el Tapón del Darién».

Además, habría frenado la realización de un control efectivo de la población migrante en los municipios mencionados, «hecho que podría ser un riesgo para la seguridad nacional».

«Como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad», indicó el Ministerio Público.

Una alerta

El pasado martes, la Procuraduría anunció una serie de recomendaciones para que diversas entidades atiendan la que considera «una inacción del Gobierno Nacional» frente a los migrantes en Colombia,  los cuales ha sido víctima de robos, extorsiones, engaños, minas antipersonal y otros actos por parte de grupos ilegales que se han tomado diferentes rutas.

De acuerdo con las cifras que maneja el Ministerio Público, entre los años 2022 y lo corrido de 2023, por ejemplo, fueron rescatados en altamar 895 migrantes irregulares (660 en 2022 y 235 este año) que se dirigían hacia costas nicaragüenses, en su objetivo de llegar a Estados Unidos.

Entre los que han intentado esa ruta en la que van seis naufragios desde 2022, según el informe dedicado especialmente a lo que se vive en San Andrés Islas, sobresalen personas provenientes de Venezuela, Haití, Uzbekistán, Ecuador, China, Vietnam, Bangladés, Bielorrusia y Bosnia.

Llamado de la Defensoría

Por su parte, el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, quien el pasado miércoles 4 de octubre, instaló en Barranquilla el XXVII Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), señaló que las instituciones nacionales de derechos humanos son la voz, la acción y la fuerza de los desarraigados, los desplazados, los migrantes, los discriminados y los ignorados.

“Los retos que nos está imponiendo la migración masiva irregular con todos los riesgos y aristas que ella implica, como el tráfico de migrantes también nos debe ocupar toda la atención. Es una situación que ha venido agudizando la crisis humanitaria en la subregión del Urabá, zona de frontera entre Colombia y Panamá, y se ha extendido a otros países centroamericanos. Por eso es fundamental la colaboración entre las naciones de la región. Todas necesitan un trabajo mancomunado para frenar esta problemática que, infortunadamente, es un gigante que cada vez crece más, se fortalece y vulnera los derechos humanos de las personas migrantes”, afirmó Camargo.

En ese mismo evento, la procuradora Margarita Cabello hizo un llamado a los Defensores del Pueblo de Venezuela, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, entre otros, para trabajar mancomunadamente en estrategias efectivas que protejan a la población migrante.

“Los invito a insistirles a sus países en la adopción de medidas para lograr que la migración, si a ello hay lugar, sea una migración segura, ordenada, regulada, y de esa manera podamos trabajar entre todos los países en medidas y acciones conjuntas para poder combatir todo lo que de allí se deriva, como los delitos transnacionales: trata de personas, tráfico de migrantes, inducción a la prostitución y, lo más grave, lavado de activos”, dijo Cabello.

/El tiempo