Se formalizó el nombramiento de Lourdes Castro como consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se trata de una abogada de profesión con maestría en Justicia Transicional que ha dedicado su vida a la promoción de este discurso de paz.
Su hoja de vida fue publicada el pasado 25 de septiembre en la página de aspirantes del Gobierno y en esta consta que ha trabajado desde los años 90 en temas relacionados a la defensa de los derechos humanos.
Fue directora ejecutiva de la Asociación Minga, coordinó la Oficina Internacional de Derechos Humanos de Colombia, ha sido asesora de organizaciones internacionales y contratista de la OIM, del Consorcio Fondo Colombia en Paz, de la Fiduprevisora S.A. y del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ).
Por cuenta de su experiencia ha sido también invitada a distintas conferencias. Recientemente participó en una organizada por la Universidad de Deusto, ubicada en Bilbao, España, donde comentó que a “Colombia a nivel de la región se conoce por ser el país que más tempranamente adoptó programas de protección para personas defensoras de derechos humanos (…), pero en contraste con ello es el país del mundo donde más agresiones y asesinatos se cometen contra las personas defensoras”.
“Si comparas la realidad de las agresiones con los mecanismos existentes fácilmente puedes llegar a la conclusión de que no han funcionado porque la situación lejos de mejorar y de haber entornos más seguros y favorables, vamos en la vía contraria”, añadió, para elevar el mensaje de que todavía hay mucho por hacer en materia de formulación de políticas públicas para el ejercicio de la labor de los derechos humanos.
Eso ella lo sabe perfectamente, pues de hecho pasó 17 años en el exilio en Costa Rica luego de presuntas interceptaciones a sus comunicaciones y múltiples amenazas. ¿La razón? Libró una batalla legal al representar a Francisco Galán, quien era comandante del ELN y miembro del estado mayor de la guerrilla, denunciando irregularidades en la situación penitenciaria y debido proceso del mencionado.
Hoy en día, desde su posición como Consejera Presidencial, promoverá el desarrollo de la política pública de derechos humanos, presentará recomendaciones a las distintas entidades del orden nacional y territorial, y apoyará a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la labor de coordinación, diseño y desarrollo de acciones y programas de pedagogía que promuevan el conocimiento de la política de paz total, con enfoque de derechos humanos.