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´Hay grave congestión de trámites en Colpensiones y afectan a pensionados´
La Procuraduría General lanzó una alerta en el funcionamiento de Colpensiones que ya se refleja “en la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El ente de control, que adelanta un seguimiento a la entidad, mediante requerimientos y visitas administrativas, recibió un informe con corte al 31 de agosto con un total de 71.402 casos pendientes por decidir, de los cuales 18.385 se encuentran con términos vencidos, “y para lo que no se cuenta con el personal suficiente para ser atendido”.
El Ministerio Público señaló que la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que en el 2015, cuando se levantó el estado de cosas inconstitucionales, la entidad tenía 11.063 solicitudes vencidas, “por lo que, el fortalecimiento de Colpensiones, en general, se había venido manteniendo como una entidad técnica y bajo parámetros de idoneidad, experiencia y eficacia”.
Los investigadores de la Procuraduría pidieron conocer los planes previstos para enfrentar la contingencia y advirtieron que “el retiro de funcionarios con experiencia técnica específica podría generar un aumento en el retraso de las decisiones de prestaciones económicas”.
El 1.º de septiembre de 2023, la oficina de Talento Humano de Colpensiones certificó que entre el 1.º de diciembre y el 31 de agosto de 2023 se liquidó en la nómina de servidores públicos por concepto de indemnizaciones la suma de mil doscientos veintiséis millones sesenta y un mil ocho pesos ($ 1.226’061.008).
El organismo de control sostiene que “las decisiones administrativas adoptadas en los últimos meses generan preocupación en el ambiente laboral en el interior de la entidad, lo cual ha llevado a la creación de nuevos sindicatos”.
Finalmente, la Procuraduría se pronunció frente al proyecto de reforma que propone el Gobierno y advirtió que “la implementación de un nuevo modelo pensional que estaría a cargo de Colpensiones requiere de una entidad sólida, técnica, que garantice el debido proceso, los derechos fundamentales, se proteja el patrimonio público y de los afiliados”.
Hasta el momento, Dussán no se ha pronunciado sobre la alerta dada por la Procuraduría.