HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Líder en la región

Conflictos, conflictividad, acuerdos

La estrategia política propuesta por el presidente Petro de establecer un gran acuerdo entre los partidos, sectores económicos y el gobierno, para lograr la aprobación en el Congreso de las principales reformas que materialicen su programa de gobierno, mejorarán la gobernabilidad, bajarán los grados de violencia estructural que vivimos y garantizarán la democracia. En 1.957 la polarización política y la violencia social eran semejantes o mayores a las de hoy, y el Pacto de Sitges-España apaciguó los ánimos, se evitó la continuidad de la dictadura militar y se vivieron 16 años de alternación de gobiernos entre los partidos tradicionales. El “Acuerdo sobre lo fundamental” tan vigente y necesario hoy, provino paradójicamente de ideas conservadoras que reclamaban hace 25 años la paz social.

La celebración de acuerdos a través de la negociación política no es una utopía, ni un despropósito gubernamental, en la perspectiva que vivimos de una marcada confrontación entre los miembros de nuestra sociedad, especialmente encasillada en los partidos políticos. Está claro que se hace por lo menos urgente, la armonización del poder y bajarles los decibeles a los intereses, a los miedos, y a la persistente violencia que generan los conflictos sociales.

La ONU en el informe anual elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, ha concluido que “la democracia en América Latina no ha logrado responder a las necesidades de los más pobres y sí ha incrementado la desigualdad y eso conlleva a la tentación de recurrir a medios no democráticos para solucionar conflictos”. Seguramente la ONU se refiere al desconocimiento de las mayorías y las relaciones de poder, a la indiscriminada violencia social y política, a la confrontación interpartidista, la diversidad, la desigualdad e inequidad sociales, al secuestro, los asesinatos colectivos, la desaparición de líderes, a las necesidades sin satisfacer, al desempleo, como formas y secuelas no legítimas del tratamiento y la resolución de las confrontaciones internas.

Como tradicionalmente lo ha sido, el Congreso de la República, ahora secuestrado por las montoneras denominadas “partidos políticos”, juega papel esencial como vocero de la voluntad popular. Y en este preciso encargo el Congreso debe recuperar su importante rol de ser el instrumento que la democracia y la Carta Política han creado para resolver los conflictos sociales y su acceso al poder para la construcción del bienestar comunitario, especialmente en época de crisis como la que ya hace rato afrontamos. El pueblo, que es el pilar emocional de la democracia, espera del órgano legislativo acciones que faciliten los acuerdos a través de la negociación política. Ese parece ser no sólo el reclamo de un buen sector de nuestra sociedad, especialmente la de menos posibilidades y recursos, mayoritariamente generadora de la crisis, sino la responsabilidad nacional de erigirse como gestor del clima propicio para la aprobación y ejecución de las leyes que permitan la solución de sus necesidades primordiales.

Pero es cierto que habrá asuntos o intereses negociables y otros que no podrán negociarse porque pertenecen a la esencia, a las ideas o creencias, a los principios políticos de cada lado, pero que constituirán en definitiva materia prima de la conflictividad, o lo que las técnicas profesionales distinguen el cómo, o de qué forma, los métodos de negociación abordarán cada asunto.

Las reformas a la salud, pensiones, agraria, laboral, de los servicios públicos, a la educación, son temas que deben ser objeto de esperados acuerdos fundamentales a través de la negociación y los

consensos políticos. Consideramos que se encuentra en juego en estos momentos, la credibilidad del Congreso como instrumento gestor de estos acuerdos, y como defensor representativo de los intereses populares, para que la democracia sea más igualitaria y menos conflictiva que la de hoy.

*Abogado laboralista*Profesor universitario*Escritor

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