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El funcionario judicial denunció a Benedetti por los delitos de injuria y calumnia.
La W conoció en primicia el documento que el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Daniel Hernández Martínez, denunció al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, por los delitos de injuria y calumnia.
La decisión de instaurar una acción penal contra el también exsenador se relaciona con las declaraciones que concedió el pasado jueves 21 de septiembre al término de una indagatoria ante la Sala de Instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia, donde aseguró que Hernández supuestamente es un “bandido” y “corrupto”, esto porque según Benedetti, habría buscado testigos para que declararan en su contra a cambio dádivas judiciales en medio de la investigación por corrupción en la Fiduprevisora.
“Este ciudadano está atacando mis derechos al honor y al buen nombre, con el único fin de afectar mi integridad moral y de seguir engañando a la administración de justicia. Según Benedetti Villaneda, las investigaciones en su contra, por el caso de la Fiduprevisora, se basan en actos ejecutados por mi parte y en contra de testigos, que, según él, yo presioné para que declararan en su contra -o favor, de acuerdo con la versión expuesta por él el 21 de septiembre-. Es tan grosera su intervención, que no deja claro cuál habría sido mi intención u utilidad en ello”, a partes de la denuncia de Hernández.
Hernández explicó que, en 2019 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia que el también exsenador interpuso en su contra. “Esta situación fue denunciada en su momento por él, en el año 2018 y sobre ella se produjo archivo de las diligencias el 29 de enero de 2019 por parte de la Fiscalía 1ª Delegada ante la Corte Suprema de Justicia al interior de la indagación preliminar 110016000102201800248. Es más: en dicha orden de archivo se compulsaron copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigara el actuar del señor Benedetti Villaneda en relación con la falsa denuncia que interpuso en mi desmedro y cuyo espurio contenido reiteró en su alocución del 21 de septiembre de este año. Este hecho demuestra el interés del señor Benedetti en generar mentiras y engaños, ante la sociedad, endilgándome actos ilegales, con el fin de atacarme moralmente y seguir engañando a la administración de justicia”, apartes de la denuncia conocida por La W.
El fiscal delegado ante el Tribunal, pidió a la Dirección Seccional de Bogotá de la Fiscalía General de la Nación, que convoque a audencia de conciliación para que Benedetti se retracte.
“De manera muy respetuosa solicito al despacho que convoque a audiencia de conciliación, con el fin de que el indiciado se retracte de sus falsas alegaciones en mi contra o que, de lo contrario, se permita el ejercicio de la acción penal en su contra. Asimismo, agradezco que me cite a diligencia de entrevista, con el fin de ampliar los hechos relatados en esta querella”, señala Hernández en la denuncia.
Así se gestó la denuncia
Luego que Benedetti en una declaración que concedió el pasado 21 de septiembre, hubiese calificado al fiscal Hernández de “bandido” y “corrupto”, esto al término de una diligencia judicial ante la Corte Suprema de Justicia, por la investigación que se adelanta en su contra por un presunto hecho de corrupción en la Fiduprevisora.
“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde dice, la primera, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Después dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada (estamos hablando del bandido de Hernández) que fueron allá a decir que hablaran mal en contra mía”, dijo Benedetti.
También dijo que “meses después, en noviembre de 2017 para ser más específicos, el mismo testigo aseguró que fueron el fiscal Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido de Hernández, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. Eso ya quedó clarísimo, luego esa persona nunca ha declarado en contra mía”.
Esta investigación en la Corte Suprema de Justicia se relaciona con la presunta exigencia de coimas para beneficiar a los profesores de Córdoba en las gestiones ante la Fiduprevisora.