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Este martes, 26 de septiembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene como primer punto en su agenda debatir si el decreto del estado de emergencia en La Guajira, que le da poderes extraordinarios al Presidente, está ajustado a la Constitución o no.
La Corte Constitucional tiene hasta el próximo 5 de octubre para tomar una decisión de fondo, por lo que el Alto Tribunal discutirá el tema que aún se encuentra a la expectativa.
La ponencia sobre el tema está a cargo de la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien hace algunas semanas presentó el texto para luego debatir con sus colegas. Si el proyecto de Ángel se ajusta a la argumentación del Gobierno, el estado de emergencia saldrá airoso, pero si no, y la postura es contraria a la que el Ejecutivo defendió en la audiencia pública del 11 de agosto, la deliberación seguirá por unos días más.
Además de los conceptos del Gobierno enviados a la Corte, han llegado intervenciones de organizaciones, académicos y expertos. Los informes dan cuenta de que más de 6 mil menores están en riesgo de desnutrición y más de 160 mil personas podrían verse afectadas por la sequía que podría llegar con el fenómeno de El Niño.
Para que los argumentos a favor de la emergencia económica procedan en favor del decreto, se debe acreditar que el panorama en La Guajira es extraordinario y requiere una intervención excepcional en vez de políticas públicas habituales.
Es decir, la situación que se ha argumentado, por ejemplo, frente a las más de 500 mil personas que se mantienen en problemas por falta de acceso al agua debe ser algo cuya resolución dependa de las medidas adoptadas por el Gobierno con los decretos con fuerza de ley que nacen de la emergencia.
En caso de que la ponencia ganadora sea la que va en contra y el decreto del estado de emergencia es declarado inexequible, la derrota para el Gobierno podría ser matizada dependiendo de la argumentación de la Sala Plena. El escenario de la inconstitucionalidad podría ser total, de tajo, o podría ser diferido, como decretar que el estado de emergencia se sostenga solamente por un tiempo determinado.
La postura el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, es una de las opciones que la Corte puede examinar. La organización sostiene que 23 de las 58 propuestas emanadas del estado de excepción no son constitucionales, pero otras 17 sí lo son y otras 8 lo son parcialmente. La Constitucional, entonces, debe examinar en detalle cada argumento.
La Procuraduría, por su parte, le pidió al alto tribunal declarar inexequible al decreto. Según el ente de control, dirigido por Margarita Cabello Blanco, las problemáticas con las que se argumentó el estado de excepción ya existían hace tiempo, por lo que el gobierno Petro solo las está instrumentalizando.
En todo caso, la Sala Plena, convocada para este martes, tendrá que discutir a fondo todo lo propuesto. El resultado podría restringir los poderes del Gobierno, asignados por él mismo, en La Guajira, o mantenerlos en su totalidad, lo que hasta el momento no parece precisamente lo más probable.
BOGOTÁ, (Colprensa).