HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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´Hay 724 candidatos inhabilitados para las elecciones regionales´

La Procuradora General Margarita Cabello  dijo que se designó a 23 procuradores judiciales, quienes vienen ejerciendo el Ministerio Público dentro de las actuaciones administrativas para verificar las inhabilidades de dichos candidatos´.

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, informó que, luego de la última revisión en el Sistema de Información de Registro de Inhabilidades y Sanciones (Siri), realizada el pasado 19 de septiembre, “encontramos que 724 candidatos registraron anotaciones que generan inhabilidad para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron”.

Esta relación, que tuvo un aumento de 52 aspirantes frente al primer corte de agosto de 2023, ya fue remitida al Consejo Nacional Electoral para el trámite respectivo de la revocatoria de inscripción.

La procuradora general dijo que se designó a 23 procuradores judiciales, quienes vienen ejerciendo el Ministerio Público dentro de las actuaciones administrativas para verificar las inhabilidades de dichos candidatos.

EL CASO DE RODOLFO

Una de las inhabilidades más importantes es la del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Hace apenas unos días, la Procuraduría General de la Nación confirmó su inhabilidad para participar de las próximas elecciones regionales. En consecuencia, Hernández no podrá aspirar a la Gobernación Santander, pues la inhabilidad proferida por la Procuraduría le impide ejercer cargos públicos hasta el año 2026.

Esto, debido a que la ley establece que aquellos funcionarios sancionados más de tres veces en los últimos cinco años automáticamente quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por tres años en los casos en los que la última sanción impuesta sea inferior a ese término.

La 2da sanción fue proferida en 2020 por golpear al concejal John Jairo Claro Arévalo.

En el caso de Hernández, la Procuraduría ha dejado en firme tres sanciones disciplinarias en su contra:

La primera es una sanción de suspensión por dos meses por maltrato verbal al ingeniero Wilson Motta, quien se desempeñaba como supervisor de un contrato de obras públicas; la segunda sanción fue proferida en agosto de 2020 por el término de ocho meses por maltratar verbalmente y golpear al concejal John Jairo Claro Arévalo; la tercera sanción es una suspensión de cuatro meses por tratar en términos irrespetuosos y desobligantes al veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas durante una actividad pública.

Además de las tres sanciones disciplinarias en firme, en mayo de este año, la Procuraduría también sancionó a Hernández por el escándalo judicial conocido como el caso Vitalogic, sanción que fue proferida en primera instancia. En su decisión, la Procuraduría señaló que existen pruebas suficientes de que el exalcalde de Bucaramanga tuvo interés indebido en el proceso de selección del contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos, por lo que lo inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos.

PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, llamó la atención a los mandatarios regionales y locales, por realizar algunas conductas prohibidas que pueden generar una indebida intervención en política.

“Me genera preocupación la actitud de mandatarios y funcionarios que transitan como equilibristas sobre la línea delgada que divide el ejercicio de la función y la indebida participación en política”.

La jefe del Ministerio Público aseguró que, se mueven “en zonas grises” aprovechando vacíos legales, de manera que, en apariencia, no incumplen la ley.

Para la Procuradora, estos personajes “se aseguran de no incurrir en la taxatividad de la prohibición, pero desafían al control. Con artilugios y eufemismos, dejan la sensación inequívoca de estar parcializados”.

Recordó que, la Procuraduría, como ente de control, no indaga ni investiga ni sanciona sobre la base de percepciones; pero advirtió que el país espera de quienes tienen la responsabilidad de representar a los ciudadanos y a la institucionalidad “no solo un comportamiento ajustado a la ley, sino, además, decoroso, ejemplar y coherente”.

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