HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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En el 2024 culminarán obras de cárcel de Sabanas de San Ángel

El porcentaje de hacinamiento total en las dos cárceles del orden nacional que están en el Magdalena (Santa Marta y El Banco) es del 51%.

POR
EDGAR
TATIS GUERRA

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, estuvo en Santa Marta y aprovechó para sostener algunas reuniones importantes con servidores públicos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Magdalena, de la Rama Judicial, los representantes de la población LGBTQ+, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo y los altos mandos de la Policía.

En rueda de prensa concedida a los distintos periodistas de la ciudad, el ministro Osuna confirmó que la construcción del centro penitenciario de Sabanas de San Ángel, en Fundación, registra un avance del 27.74 %, pero está suspendida desde diciembre de 2022 debido a problemas de orden público y carreteras deficientes.

“En este proyecto que dispondrá de 1.974 cupos hubo una inversión inicial de 274 mil millones de pesos en 2019. Estamos en un diálogo con el contratista con el cual se espera una propuesta de ajuste presupuestal en aras de que se reanude la construcción en el último trimestre de este año y que este establecimiento penitenciario esté operativo para el año 2025”, indicó.

Al referirse a las acciones para mitigar el hacinamiento en las estaciones de Policía y las URI de la Fiscalía, el Ministro de Justicia dijo que se trabaja para habilitar más cupos carcelarios en la Regional Norte con más cárceles y con la implementación del Proyecto de Ley de Humanización.

“Se está ejecutando un Plan de intervención inmediata. Desde que se adoptó (julio de 2023), se han recibido 2.495 personas condenadas en las cárceles nacionales provenientes de estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata”, recalcó.

La radiografía de la situación penitenciaria y carcelaria en el Magdalena revela que se cuenta con dos cárceles del orden nacional: en Santa Marta y El Banco. La población recluida en Santa Marta es de 1.260, mientras que en El Banco hay 99 personas privadas de la libertad. El porcentaje de hacinamiento total es del 51%.

En las estaciones de Policía a la fecha se encuentran recluidas 466 personas y la capacidad es para 239. Hay en el departamento del Magdalena 50 uniformados de la Policía Nacional ejerciendo funciones de custodia de personas privadas de la libertad.

Sobre el insólito hecho del ingreso de un ataúd a la cárcel “Rodrigo de Bastidas” de Santa Marta sucedido el pasado 6 de septiembre para que otros miembros pudieran despedirse del fallecido, se informó que esa situación llevó a la renuncia del director del ERON, Yair José Manjarrés, y la designación de Mabel Enith Martínez Rojas como directora encargada. El INPEC ha iniciado una investigación para esclarecer este suceso y tomar medidas apropiadas.

El ministro Néstor Osuna sostuvo una reunión con los representantes de la población LGBTIQ+ en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño. Al respecto Nicolás Steven, Enlace LGBT del Distrito de Santa Marta, quien labora en la Secretaría de Promoción Social, Inclusión y Equidad, dijo que desde la Alcaldía se brindó apoyo logístico para la realización del Encuentro Región Caribe los días 22 y 23 de septiembre.

“Es importante que el ministro y las entidades del orden nacional también se lleven las dolencias de la población LGBTQ+ en la Región Caribe, en el departamento del Magdalena y en el Distrito de Santa Marta. Su presencia acá nos anima a trabajar de manera conjunta por el mejoramiento de los derechos a esta población”, manifestó Steven.

Comentó que se trabaja para que exista más tolerancia, un mayor respeto por las diferencias y que se acabe la discriminación, lo que queremos es que Santa Marta sea un territorio diverso en donde todos puedan aportar a esa construcción de una mejor sociedad samaria.

Finalmente, Emileth Babilonia Estrada, joven líder que vino del municipio de Puerto Escondido en el departamento de Córdoba, destacó la realización del evento porque aporta a la construcción de unas políticas públicas desde las voces de las comunidades a quienes directamente ellas van relacionadas.

“El hecho de escucharnos directamente nuestras inquietudes es una oportunidad para que no se legisle desde los escritorios sino desde los territorios por y para la comunidad LGBTQ+”, enfatizó.