Un fallo con responsabilidad fiscal por $ 56.028 millones emitió la Contraloría General, tras la pérdida de la inversión de los recursos públicos entre 2010 y 2013, al componente agrícola del proyecto para la producción de etanol ‘El Alcaraván’. Esto debido a que la caña sembrada no fue usada para la producción de etanol, que era el propósito de Bioenergy.
“La situación anterior se dio a causa de la falta del paquete tecnológico idóneo para el cultivo industrial, y de la variedad -o variedades- de caña aptas para la altillanura, que conllevó a una baja productividad en TCH (Toneladas de Caña por Hectárea) y obligó a la erradicación de las variedades de caña sembradas y la disposición de la materia prima como abono verde”, comunicó informe de Contraloría.
El ente de control aseguró que el caso es importante porque dicha institución, ya que “previamente el contralor general de la República había declarado de Impacto Nacional los hechos relacionados con los hallazgos fiscales establecidos como resultado de una Actuación Especial adelantada por la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía a los recursos invertidos en el proyecto de etanol ‘El Alcaraván’, pertenecientes a la empresa Bioenergy, filial de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol”.
Por lo tanto, esta decisión de responsabilidad fiscal recae en ocho directivos de Bioenergy, entre los cuales están cinco miembros principales de la Junta Directiva de Bioenergy S.A., hoy Bioenergy S.A.S, dos gerentes generales y uno agrícola.
También informó que en el mismo fallo se encuentra como civilmente responsable Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A.
El 21 de diciembre de 2022, la Contraloría también profirió fallos con responsabilidad fiscal de $ 1.338 millones, luego de conocerse la pérdida de recursos de Bioenergy y Ecopetrol.
“El primer fallo con responsabilidad fiscal corresponde a la suma indexada de $ 1.029 millones de pesos, por la pérdida de recursos públicos que se dio a raíz de irregularidades presentadas en la ejecución de 8 contratos de arrendamiento de predios, suscritos por Bioenergy entre los años 2013 a 2015, sin que los terrenos fueran utilizados para el cultivo de caña de azúcar destinada para el suministro de la planta de producción de etanol ‘El Alcaraván’, en el departamento del Meta, que era el único fin de los negocios jurídicos”, manifestó en ente de control en aquella oportunidad.
Contraloría también indicó que en otro proceso “la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción profirió fallo con responsabilidad fiscal por algo más de $ 309 millones por la pérdida de recursos públicos, con ocasión de las irregularidades presentadas en la planeación, suscripción, ejecución y terminación del contrato de arrendamiento No. 026-2012 del predio ‘El Corozalito’, suscrito por Bioenergy”.
Pero el 29 de agosto de 2017, el ente de control también informó sobre 10 hallazgos fiscales por valor de $ 709.342 millones sobre el proyecto Bionergy, la planta de Etanol de Ecopetrol en Puerto López (Meta).