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Fiscalía logró condena contra 126 asesinos de líderes sociales

En el 57% de los homicidios contra defensores de derechos humanos, ocurridos en el país entre 2016 y 2023, fueron plenamente identificados los perpetradores, por parte de la Fiscalía.

Así lo aseveró Martha Mancera, vicefiscal general, desde Pasto (Nariño), al agregar que en 127 casos de este tipo se obtuvieron sentencias condenatorias, mientras que 166 más están en etapa de juicio, otros 64 con imputación de cargos y 115 en indagación con órdenes de captura vigentes.

Mancera aseguró que estos logros corresponden al nivel de «acercamiento permanente» del ente investigador con las comunidades y del «uso efectivo» de mecanismos de comunicación y citó como ejemplo lo que ha sucedido en algunas poblaciones del suroccidente del país, donde ha sido evidente esa cercanía.

La Vicefiscal también destacó el «trabajo articulado» entre la Fiscalía y las autoridades regionales, junto a organizaciones encargadas de la defensa de los derechos humanos para esclarecer este tipo de crímenes.

«Cuando matan a un defensor de derechos humanos, ¿qué se afecta? El tejido de la comunidad. ¿Quiénes son las víctimas? la comunidad. ¿A quién le duele perder a su defensor? a la comunidad», sentenció la funcionaria.

«¿Quiénes tienen derecho dentro de la investigación? La comunidad, que ha perdido su defensor de derechos humanos, su voz que ha perdido lo fundamental dentro de la comunidad», destacó.

La Defensoría del Pueblo de Colombia estimó que en 2022 fueron asesinados un total de 215 defensores de derechos humanos en todo el país, una cifra solo comparable con 2016.

La cantidad superó los 145 homicidios reportados en 2021 y los 182 registrados en 2020.

Mientras que Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) reportó que el año anterior fueron asesinados 189 líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En lo que sí coinciden todos los sectores que hacen registro y seguimiento este tipo de crímenes es en los autores de estos homicidios, mayoritariamente perpetrados por grupos armados ilegales y relacionados con disputas territoriales y las rentas ilegales.

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