Medidas cautelares para servidores públicos y candidatos amenazados

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y de los candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas el 29 de octubre.

La solicitud de medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática.

Y es que según cifras de la entidad, ya son un total de 35 servidores públicos y 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley en Caquetá, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Putumayo, Bolívar, Arauca, Cauca, Guaviare, Huila, Tolima, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

 “A todos, absolutamente a todos, se les debe respetar y garantizar la vida. Por eso le solicitamos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados. De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral”, recalcó el Defensor del Pueblo.

El defensor explicó que hay una ausencia y precariedad con la presencia del estado en rincones alejados de Colombia.

«Es importante que el país sepa de los riesgos, cuál es la situación real y cruda de comunidades alejadas… Tuve la oportunidad ponerle presente unas medidas cautelares a la CIDH porque las circunstancias se volvieron urgentes,

y también medidas cautelares a los candidatos amenazados. Son 42 candidatos.  Registramos la amenaza y exilio del alcalde de Nuquí, Chocó, es un tema que hay que visibilizar lo que ocurre, es una situación de derechos humanos notoria», dijo el defensor.

Explicó que se presentó un escrito solicitando las medidas cautelares a favor de servidores públicos, como personeros municipales, inspectores de Policía en diferentes zonas.

«Pedimos la protección por parte del Estado Colombiano, hay que preservar la vida e integridad y a la libertad», contó

Los grupos al margen de la ley que estarían detrás de estas amenazas serían El Clan del Golfo, Eln, disidencias del ELN, entre otros.