Los otros mencionados por Zulema Jattin ante la JEP: Mancuso, alcaldes y empresarios

La Jurisdicción Especial consideró que se trata de aportes novedosos. Fue citado un monseñor.

En su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la exsenadora Zulema Jattin no solo mencionó al expresidente Álvaro Uribe quien supuestamente le dijo que no denunciara hechos que ella le había ido a comentar como que había paramilitares prohibiendo candidatos en Córdoba para las elecciones de 2002, lo cual el expresidente negó y respondió con una denuncia en su contra.

Jattin también hizo a referencia a reuniones con Salvatore Mancuso en la que se le prohibió hacer política y a hechos nunca han sido investigados sobre cómo intervino para lograr que en Justicia y Paz se aprobara el artículo para convertir en actores políticos a los paramilitares, bajo el tratamiento de la sedición, entre otros.

La prohibición de Mancuso

En el caso de Mancuso, Jattin reveló el 20 de diciembre de 2022 algo que la justicia ordinaria nunca conoció: la existencia de una reunión con el exjefe paramilitar a la que fue invitada el 13 de septiembre de 2001 por parte del exdirector de El Meridiano de Córdoba William Salleg, quien le dijo que este quería reunirse con ella y que en la misma se le prohibió hacer proselitismo en los municipios de Valencia y Tierralta.

“El señor William Salleg me estaba esperando en el parque de Montería (…)Y me notifico allí que el señor Salvatore Mancuso quería reunirse conmigo, yo le manifesté a él mi preocupación y mi temor de que fuera nuevamente a retenerme, porque, bueno hacia un año prácticamente, que se había producido el secuestro mío y de otros congresistas, y William Salleg me dijo que él me iba acompañar en garantía de que no se quedaron conmigo en esa reunión”, empezó a relatar Jattin.

Se fueron en el carro del hermano de Jattin con él como conductor, Salleg y Jattin hasta una finca ubicada entre el kilómetro 15 de la vía Montería hacia Tierralta. La cita fue en un kiosco: “me notificó que no podía volver a hacer proselitismo político en los municipios de Tierralta y Valencia porque esa zona estaba digamos orientada por él a la votación de Eleonora Pineda, que aspiraba la Cámara de Representantes, y de Miguel de la Espriella, que aspiraba el Senado de la República para las elecciones del año 2002”.

“Tuvimos una discusión muy fuerte porque pues a mí no me gustó que me cerraran 2 municipios en los que sobre todo en Tierralta yo había hecho alguna presencia política desde el 98 a esa fecha”, agregó Jattin quien indicó que por cuenta de la tuvo que recoger la publicidad que ya había repartido y quitar unas vallas.

La exsenadora dijo que, posteriormente, se le notificó que tampoco podía hacer política en Cereté. “En enero también había recibido una llamada en donde también me pedía Mancuso que no participara en el municipio de Cereté en las elecciones. A raíz de esa llamada yo fui al meridiano de Córdoba, le pedí al señor William Salleg que me comunicara con Salvatore Mancuso, tuvimos una discusión telefónica muy fuerte porque ya no sólo era la prohibición de ir a Tierralta y a Valencia, sino también al municipio de Cereté, que es un municipio pues de mucha importancia electoral”.

Jattin le dijo a la JEP que en esa llamada le dijo a Mancuso que iba a hacer una rueda de prensa en Bogotá para denunciar lo que estaba pasando, ante lo cual este desistió de la prohibición en Cereté. “Para él todos los políticos éramos corruptos bandidos, y él iba, en palabras de él, a limpiar la política de Córdoba, y tenía que elegirse gente honesta, en palabras de él y en la mente de él, y por último me dijo que seguía cerrado Tierralta y Valencia y no Cereté y bueno colgó el teléfono, colgó el teléfono bravísimo”.

La cita con Uribe

Tras ese relato fue que Jattin, en una reunión con el candidato Álvaro Uribe en 2022, le dijo de los problemas que tenía en su campaña para las elecciones legislativas ante lo cual este le dijo que, si no tenía pruebas escritas de estas restricciones, era mejor que no denunciara.

“(…) Él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no sólo fuera mi testimonio de la prohibición de (hacer) proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición.(…) Pero eso era imposible la verdad en ese momento, que existiera un documento con un llamado de cualquier jefe paramilitar, pues estaba claro, que no podíamos ir a donde ellos no querían que fuéramos, y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor fuera que no, que no pusiera esa denuncia y que, y que tratará de hacer campaña en el resto del departamento”.

“Entendí que políticamente no era oportuno o políticamente correcto que yo hiciese ese tipo de pronunciamientos a nivel nacional, y que si bien estaba en riesgo la credencial mía, pues había una un objetivo mayor que era que él ganara la Presidencia y preferí dejar de ir a los municipios y quedarme callada”, agregó.

Su intervención en el trámite de Justicia y Paz

Ya elegida congresista, Jattin le contó a la JEP que presidió la audiencia pública del 28 de julio de 2004 en la que intervino Salvatore Mancuso en la Cámara y dijo que participó en la instalación de los diálogos de Ralito en el año 2004. Uno de los hechos novedosos que relató fue la forma como intervino en el trámite de la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2005.

“Ese debate es muy importante para mí magistrado ante la Jurisdicción, porque, va a contar una verdad, que la justicia ordinaria no ha investigado y que nunca tuvo en cuenta, de mi participación en este tipo de procesos de paz o de vínculo con las autodenominadas Autodefensas”, señaló la exsenadora en su declaración del 15 de febrero de 2023.

Jattin dice que su intervención consistió en revivir dos artículos (artículos 61 y 64 del proyecto de Ley) que habían sido archivados en el debate de la comisión primera y que contenían aspectos relativos a la rebaja de penas y a la extensión de la figura de la sedición para miembros de grupos paramilitares, a fin de tuvieran una redacción específica. Esos aspectos, cabe recordar, fueron tumbados por la Corte Constitucional después.

“En la comisión primera de la Cámara, se archivan los artículos 61 y 64. El artículo 61 incluye una rebaja de penas para los miembros de las autodefensas, y el 64 incorporaba el concepto de sedición para guerrilleros y autodefensas que se sometieran a procesos de paz. Ello iba a permitir convertirlos a ellos en actores políticos, en nuestro país. La comisión primera de Cámara archiva esos artículos, deciden los ponentes apelar a la plenaria de la corporación que era presidida por mí. Aceptamos la apelación, y yo envío esa apelación a la comisión tercera de la Cámara de Representantes y allí me hago designar ponente de la apelación, y logro sacar adelante los artículos 61 y 64 siendo coordinadora ponente”, relató.

“Vamos a la plenaria y los hacemos votar, de hecho los artículos salen de la conciliación aprobados por el Congreso, de la conciliación, porque los ponentes de la cámara insistimos en que salieran aprobados y fueron posteriormente tumbados por la Corte Constitucional”, dijo.

Jattin señaló que su interés sí era favorecer al grupo paramilitar con el tratamiento propio de la sedición y convertirlos en un actor político.

“Nunca fue investigada mi injerencia real en el trámite de esa ley, en donde traté de convertir en actores políticos a los actores armados, en ese momento y pienso que, si quería la Corte en su momento demostrar un vínculo real mío con el conflicto armado, ese era el vínculo más real y más cercano que pueda haber. Yo misma fui la de la apelación, yo misma la saqué adelante y eso hubiera cambiado totalmente la historia en el tema de reinserción de los militantes o de los desmovilizados de las autodefensas”, dijo.

Además, reconoció que sí tenía la convicción de que quienes no tuviesen delitos graves o de lesa humanidad pudieran participar en política y aseguró que no fue presionada para ello porque su afinidad y la de otros congresistas con los paramilitares garantizaba que este tipo de iniciativas fueran aprobadas como le convenía al grupo armado ilegal.

“No necesitaban hacer ningún tipo de injerencia porque ellos se comunicaban directamente con el alto comisionado para la paz el doctor Luis Carlos Restrepo y se comunicaban directamente con el ministro del interior el doctor Sabas Pretelt de la Vega y ellos nos trasmitían todas las inquietudes del proceso de negociación. O sea, la bancada que apoyaba en la cámara y en el senado al presidente Álvaro Uribe iba a votar el proyecto de ley de Justicia y Paz, los paramilitares no tenían que hacer ningún tipo de presión o injerencia era una decisión del Gobierno nacional. Y los voceros de ellos eran los del Gobierno, era el doctor Luis Carlos Restrepo y el doctor Sabas Pretelt”, dijo.

Otros políticos y las alcaldías en Córdoba

En la declaración, Jattin mencionó a al menos 10 alcaldes que habrían sido elegidos con el apoyo de los paramilitares en todo el departamento en las elecciones del año 2000 y en las elecciones del año 2003, siendo un caso clave la Alcaldía de Montería.

“Sobre el año 2000, en la alcaldía de Montería, en la cual Salvatore Mancuso, incidió para que se retirase la candidata Gloria Cabrales y hubiese un candidato que resultó siendo el alcalde Luis Jiménez Espitia (…) Yo no estuve presente en el acuerdo, pero supe por participantes directos que fue un acuerdo para que retirara su candidatura y fue ese candidato único el doctor Jiménez Espitia”, dijo.

Jattin indicó que otra forma de los ‘paras’ de intervenir en la política era el “constreñimiento directo”, marcando directamente los tarjetones, sobre todo en las zonas rurales, y por temor.

La JEP dijo que del testimonio de la exsenadora también se puede concluir que no solo en Córdoba, pero también en otras zonas, hubo “un esfuerzo sistemático de los paramilitares por cooptar el Estado en distintos niveles: personeros, concejales, secretarías, gobernadores, universidades, corporaciones autónomas, fiscales, representantes a la Cámara, senadores, etc”.

La financiación por oro y regalías

En su declaración, Jattin dijo que los paramilitares se financiaban a través de recursos públicos provenientes de las regalías y aseguró que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, con conocimiento de Salvatore Mancuso, se concertó con alcaldes de la subregión del San Jorge cordobés para presentar reportes de producción de oro en la región.

“Quiero referirme a los alcaldes elegidos en el año 2000 y 2003 (…) reportaban que existía producción de oro en el Alto San Jorge cordobés, y ese reporte al Gobierno nacional permitía que recibiesen regalías por la explotación de ese mineral. Esas regalías y ese reporte de producción de oro, era concertado con el paramilitar Carlos Mario Jiménez alias Macaco con conocimiento de Salvatore Mancuso (…) Salvatore Mancuso, en la versión libre de mayo 16 de 2007 mencionó este tema, pero nunca lo amplió en posteriores versiones, nadie en la justicia ordinaria lo investigó, y creo que una forma de apropiación de los dineros del Estado por parte de organizaciones paramilitares”, dijo.

Los alcaldes mencionados por Jattin de esa supuesta empresa ilegal fueron diez: Nemesio Nader, exalcalde de Ayapel; Felix Gutiérrez de Buena Vista; Jorge Chejne de la Apartada; Mariano Cures de Monte Líbano y Ramón Rubio, exalcalde de Puerto Libertador.

También están Alejandro Cheij, exalcalde de Planeta Rica; Ferney Bertel, exalcalde de Buena Vist 8. Julio Sánchez de Puerto Libertador; Moisés Nader, exmandatario de Monte Líbano; y Pedro Julio Márquez, exalcalde de Ayapel.

Empresarios mencionados: Pedro Ghisays, William Saleg y Manuel Otero

Jattin también mencionó a los empresarios Pedro Ghisays, William Salleg y Manuel Otero Yúnez como ligados al paramilitarismo.

Pedro Ghisays, empresario y gerente de apuestas Córdoba, según Jattin, tenía una relación con Mancuso que sería de público conocimiento en la región al punto que cuando Mancuso se desmovilizó, tuvo una oficina donde atendía en apuestas Córdoba.
Jattin dijo que lo conoció cuando ella puso una queja ante el Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, respecto a un proceso de reintegración en Tierralta en predios de Mancuso, lo que implicaba, no romper con la cadena de mando, y minar el proceso de reintegración de los excombatientes.

“De ahí salí al aeropuerto y en el aeropuerto me…esperaron uno de los hijos del señor Pedro Ghisays, diciéndome que él quería hablar conmigo (…)acudí a la reunión porque me pareció un poco extraño que quisiese hablar conmigo uno de los empresarios, en ese momento más importantes del departamento, eh…y era para decirme que Salvatore Mancuso me mandaba a decir a través de él, que no siguiera metiéndome en ese tema…que…no siguiera presionando al Gobierno para que realizara ese tipo de proyectos, que evitara estar opinando en el tema de la reinserción de los desmovilizados de las autodefensas y por eso y por los rumores que todo el tiempo han estado en Córdoba”.

Sobre William Salleg, que fue dueño de El Meridiano, en Sucre y Córdoba, Jattin dijo que lo conoció desde su candidatura en 1998 y señaló que este invitaba a los distintos políticos a conversar sobre aspectos de interés del departamento y de orden nacional.

“Toda su línea editorial estaba orientada a la defensa del proyecto paramilitar y de la ideología marcada derecha las noticias eran digamos, o tapaban unas cosas que no les convenían a ellos, y publicaban las que creían que podían ser favorables a las llamadas autodefensas, desde siempre prácticamente el periódico siempre tuvo esa, esa línea editorial y esa posición informativa”, indicó.

Además, Jattin dijo que en la reunión con Mancuso a la que Salleg la citó, el paramilitar reconoció el asesinato del sindicalista Manuel Ruíz, a cuyo sepelio fue Jattin.

“Él (Salleg) fue quien le dijo a Mancuso que yo estaba en el sepelio, que había tenido que ir a buscarme al sepelio del diputado Ruiz, que era un sepelio donde estaba toda la gente de izquierda del departamento y, yo estaba también allí, era un papel como de (veedor), de miembro de esa organización ilegal armada”, apuntó.

Jattin también dijo que Salleg sería la persona que apoyaría en 2007 la candidatura de Benito Osorio Villadiego (presidente del Fondo Ganadero de Córdoba), para la gobernación de Córdoba, tras la suspensión en el cargo de Marta Sáenz.

“Se encarga a Benito Osorio Villadiego como gobernador del departamento, quien hace el acercamiento y llama a todos los congresistas para que lo respaldaran fue William Salleg, si el 22 de diciembre de 2007 se encarga a Benito Osorio él es quien hace todo el acercamiento, porque los dos eran conservadores y bueno de William Salleg se conocía mucho su cercanía con ellos”, dijo.

Y sobre Manuel Otero Yúnez, Jattin dijo que lo conoció hacia 1999-2000 cuando éste estaba trabajando en proyectos de vivienda en la región del Bajo Sinú, en el municipio de Momil, algo que al parecer no se podía hacer sin el visto bueno del paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna.

“Porque en el año, alrededor del año 2000 o 2002 empezó a construir en el municipio de Valencia, y para trabajar en el municipio de Valencia tenía que tener la autorización de alias don Berna, y él me contó que había ido varias veces a pedir autorización, y don Berna le sugería la gente que podía postular al subsidio, y donde debía construir las urbanizaciones que efectivamente se construyeron, durante la alcaldía de Mario Prada Cobo”, dijo.

Jattin aseguró que Otero le contó que “él había tenido que contribuir a las organizaciones paramilitares donde desarrollaba los proyectos y que tenían una alta presencia paramilitar porque si no era imposible desarrollar esos proyectos de vivienda. Y conozco pues por el caso de la Urbanización las Marías en el municipio de Valencia y el desarrollo de vivienda social en el municipio de San Ángel”.

El empresario fue, dijo Jattin, quien le presentó a Rodrigo Tovar Pupo, a Carlos Mario González y a Jairo Andrés Angarita Santos.

Por último, Jattin mencionó a Alfredo Corena como un amigo personal de Álvaro Uribe y quien fue el que prestó su casa en Montería para tener la reunión con Uribe en 2004 a la que asistieron Manuel López, Julio Manzur, Eleonora Pineda, Miguel de la Espriella y Reginaldo Montes.

“En su casa se produjo una discusión entre varios de los congresistas de córdoba en una reunión citada por Álvaro Uribe para tratar de calmar la pelea entre todos nosotros en ese momento que estaba ya tomando rumbos ya muy agresivos, sobre todo entre los senadores Miguel de la Espriella y Juan Manuel López Cabrales y en esa reunión en presencia de Álvaro Uribe, se acusaron mutuamente de vínculos con las autodefensas”, dijo.

La Iglesia y monseñor Julio Cesar Vidal

Además, Jattín habló de una responsabilidad colectiva de los actores religiosos que habrían omitido denunciar los hechos de violencia a los que estaba sometida la población civil en Córdoba.

La exsenadora dijo que los paramilitares ejercían un control social total de la población, decían a qué hora se acostaba la gente, hasta que hora están abiertos los negocios, si las mujeres podían salir y cómo debían salir vestidas, “y nadie nunca denunció eso y ahí estaban todas las iglesias: la católica y los protestantes y otros de todo tipo supongo yo, testigos de jehová que también hay muchos en Córdoba, pero nadie nunca dijo nada, nadie, no se escuchó una voz desde Córdoba, ni la mía por supuesto que fue la primera que debió salir, pero tampoco la iglesia”.

Y mencionó específicamente a monseñor Julio Cesar Vidal quien habría estado entre 1998 y 2005 en la diócesis del Alto San Jorge que comprende hoy la jurisdicción de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré.

“Monseñor Vidal trataba de solucionar las diferencias que tenían los paramilitares con sacerdotes de la región, hay conversaciones y grabaciones, que entre otras que presentó Gustavo Petro en el año 2004 ante la plenaria de la Cámara de Representantes, y allí fue entregada al señor defensor del pueblo, en ese entonces, Volmar Pérez, de grabaciones de monseñor Vidal con Carlos Castaño e intercediendo por sacerdotes o conversando con él para el traslado de algunos sacerdotes que eran incómodos para las autodefensas en ese momento”, dijo Jattin.

“Yo no quiero decir que monseñor Vidal era paramilitar o que tenía uniforme o que hacía parte de la estructura, pero creo que monseñor omitió su responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes, no sólo con la defensoría, sino también de denunciar lo que estaba pasando con los sacerdotes católicos en el Alto San Jorge durante esos años”, dijo.

Jattin se refirió a las menciones que hizo Mancuso en Justicia y Paz sobre las relaciones con el sacerdote, quien nunca ha sido investigado.

“Libardo López (gobernador en 2003) se negaba a nombrar al hermano de Salvatore Mancuso, era una discusión muy polémica en Córdoba, pues que conocíamos todos los dirigentes del departamento y esa discusión generó mucha presión sobre el senador Juan Manuel López Cabrales, que era el jefe político de Marcos López el gobernador, para que nombrase a Jean Carlos Mancuso; lo que explicó el mismo Salvatore Mancuso en Justicia y Paz y que explicó Juan Manuel López Cabrales ante de la Corte Suprema, es que Monseñor Vidal hizo una mediación para que se cumpliesen esos acuerdos”, dijo Jattin.

“Eran unos acuerdos absolutamente ilegales porque en ese momento ellos estaban… pues ni siquiera estaban ya desmovilizados, sino que eran una organización ilegal armada. Y a raíz de esa mediación, Libardo López nombra a William Saleme secretario de hacienda del departamento que fue el cambio de nombre que hicieron los paramilitares”, agregó.

/El tiempo