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Fiscal Daniel Hernández no ha incurrido en irregularidades
En un documento de la dirección jurídica del Ministerio de Justicia, se asegura que no se han solicitado investigaciones a nombre del fiscal Daniel Hernández por el polémico caso de los 200 homicidios atribuidos al ‘Clan del Golfo’, y que la Fiscalía indicó que nunca ocurrieron.
Además, ante la inquietud de si había indicios de que el fiscal Hernández incurrió en irregularidades en su cargo, el Ministerio de Justicia negó esta situación.
En el documento se indica que “el Ministerio de Justicia no tiene indicios de que el fiscal Hernández haya incurrido en irregularidades en su cargo y no se ha presentado por parte de esta entidad ninguna solicitud de investigación en contra de dicho funcionario”.
Por otra parte, la dirección judicial sí reconoció que las Fuerzas Militares deben fortalecer su capacidad para materializar las órdenes de captura en contra de todos los implicados en acciones ilegales.
Por ello, se reconoció que el Gobierno Nacional es y será respetuoso de la independencia y autonomía de la rama judicial y de la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador. Además, confía en los esfuerzos para garantizar la efectiva persecución penal y el correspondiente castigo de las estructuras criminales, tales como el Clan del Golfo.
Respecto a una posible inoperancia de la Fiscalía, que habría llevado a que se dieran centenares de asesinatos, se aseguró que con base en el decreto 1427 de 2017 el Ministerio de Justicia hace referencia a la posibilidad de realizar afirmaciones categóricas o acusaciones como la planteada en su pregunta.
Cabe mencionar que, también se indagó si el ministerio convocó al Consejo Nacional de Política Criminal, tal y como lo solicitó el presidente a través de Twitter.
A lo anterior, se conoció que sí se consultó al organismo colegiado, para que se pronunciara de fondo frente a este asunto, pero aseguraron que no son competentes para pronunciarse respecto de investigaciones penales específicas y en curso, ni tampoco tiene la competencia para determinar qué otra instancia debe pronunciarse sobre el tema. /Colprensa