¿Puede el presidente demandar a un medio de comunicación?

Luego de que Noticias Caracol publicó una denuncia sobre la presunta presencia de un narcotraficante en la campaña del Pacto Histórico en Casanare para la Presidencia, el mandatario, Gustavo Petro, exigió rectificación y avisó de eventuales demandas, lo que empujó al telenoticiero a reafirmar su informe y a un llamado a la cordura de parte de la Fundación para la Libertad de Prensa ((FLIP).

“Corresponde usar los procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda una colectividad política que fue calumniada”, advirtió el mandatario.

“Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que, así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita el libre flujo de información periodística”, reclamó la FLIP.

No es la primera vez que Petro se enfrenta a la prensa. Lo había hecho antes de llegar a Palacio y  a lo largo de este primer año de mandato la Fundación ha criticado algunos de sus pronunciamientos públicos por afectar el derecho a la libertad de prensa y expresión.

Para la abogada Martha Sáchica, durante 30 años secretaria de la Corte Constitucional, el jefe de Estado, “como cualquier ciudadano”, podría acudir a instancias jurídicas si considera que algún derecho le fue vulnerado.

Si eventualmente ocurre, “esto se va a llenar es de abogados”, dijo, refiriéndose a que el debate legal podría ser complejo.

Sáchica explicó que Petro tiene dos escenarios posibles: uno sería una denuncia penal contra el medio de prensa por injuria y calumnia, y el otro sería una acción de tutela luego de agotar otras instancias como la solicitud de rectificación.

“Y pare de contar, no tiene nada más”, advirtió la jurista en entrevista con Colprensa.

Los antecedentes de la Corte Constitucional frente a este tipo de casos no le dan ventaja a Petro.

“La Corte ha dicho que en la libertad de prensa e información el derecho al buen nombre y la intimidad se reducen, porque no es un ciudadano cualquiera, es el Presidente de la República”, resaltó Sáchica.

Para Jonathan Bock, director de la FLIP, aún falta conocer qué tipo de acciones podría presentar el Presidente, teniendo en cuenta su poder y su responsabilidad.

“Hasta no conocer, es difícil emitir algún concepto o poder anticipar si esto tiene un efecto negativo sobre el ejercicio periodístico”, argumentó.

Bock le dijo a Colprensa que la FLIP tiene entendido que ni Presidencia ni Colombia Humana han pensado en acudir a la vía penal frente a este caso, pero es necesario conocer en detalle cómo procederán jurídicamente para medir qué tan lesivo puede ser el proceso para la libertad de prensa.

“Hay que entender y reiterar que los trabajos periodísticos tienen límites y tienen que responder a la veracidad”, señaló el también periodista. Agregó que “tomar acciones no necesariamente significa una afectación a la libertad de prensa”, pero “no es lo ideal”.

En mayo de este año las diferentes relatorías para la libertad de expresión, entre ellas la de la OEA, liderada por el abogado colombiano Pedro Vaca, resaltaron que los Estados deben evitar los procesos judiciales que perjudiquen a periodistas.

Según una declaración conjunta, se recomendó “tomar medidas para proteger a las y los periodistas y medios de comunicación de demandas estratégicas contra la participación pública y del sistema judicial para atacar y silenciar a los medios”

La Corte Constitucional, por su parte, ha indicado que “el ejercicio irresponsable de las acciones judiciales, es decir, aquel que no persigue la defensa de los derechos, sino la limitación de otros y la congestión del aparato judicial, o dilatar el ejercicio de sus funciones, puede ser constitutivo de abuso del derecho”.