HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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‘Ha ganado la institucionalidad’

LA PROCURADORA Y EL FALLO

La Procuradora Margarita Cabello Blanco, en el foro «Avances del Proceso Electoral» en la ciudad de Santa Marta, se pronunció sobre la Sentencia C-030 de la Corte Constitucional, la cual ratificó las facultades de investigar, juzgar y sancionar a servidores de elección popular de la Procuraduría.

La Jefe del Ministerio Público fue enfática en afirmar que ante este fallo, «ha ganado la institucionalidad y se está protegiendo el Estado social de derecho».

«La sentencia C-030 y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca han expresado o han obligado al Estado colombiano para que no pueda suspender de manera provisional, que es diferente a una sanción, cuando se den los elementos correspondientes para ello».

Además, destacó que la sentencia C-030 ratifica la norma constitucional donde se le otorgan competencias a la Procuraduría General de la Nación a disponer de sanciones definitivas, investigar, juzgar y sancionar, siempre y cuando tengan la intervención de un funcionario judicial, que en este caso específico es el juez de lo contencioso administrativo.

Concluyó que la Procuraduría General de la Nación «seguirá sancionando a funcionarios públicos, incluso los de elección popular, cuando haya lugar, siempre con todas las garantías procesales».

NADIE POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN

La procuradora Margarita Cabello aseguró que «ningún servidor público puede exonerarse por medio de un fuero insoslayable que signifique impunidad, ni siquiera, por solo citar el ejemplo más extremo, el presidente de la República».

En el marco del seminario Regional de Derecho Disciplinario que se lleva a cabo en Santa Marta, la jefe del Ministerio Público enfatizó que en Colombia, como estado de derecho “las actuaciones disciplinarias a cargo de la entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias».

Esta declaración se da luego de las discusiones presentadas con el presidente Gustavo Petro, quien advirtió que no acogerá las sanciones a funcionarios electos del ente de control, después de conocerse la sanción contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes.

En su intervención, la procuradora destacó que la sanción disciplinaria tiene como objetivo reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico en el país, «pues ningún servidor público (incluidos los de elección popular) podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley, pues esa particular forma de pensar solo puede tener sentido en regímenes totalitarios o absolutistas».

Recalcó que Colombia es una democracia, un estado de derecho y al mismo tiempo un estado social, y que se deben respetar las funciones de los jueces y organismos de control “para mantener a salvo estos tres elementos”.

La jefe del Ministerio público llamó la atención a quienes critican la función disciplinaria de la entidad (como el presidente Petro). «No puede seguir pasando que, cada vez que aparezca una situación digna de ser investigada, de forma automática e irreflexiva, se descalifique a quienes constitucional y legalmente están autorizados para ejercer dicha función».

Dejando en claro que “los males” que afectan al estado como la corrupción y la ineficiencia administrativa “deben ser combatidos por ese instrumento general con que cuenta el país como es el derecho sancionador».

Precisamente, esta declaración se dio luego que el Consejo de Estado anunciará la decisión de fijar en una sola postura sobre las sanciones de la Procuraduría contra funcionarios de elección popular como alcaldes o gobernadores.

La discusión, que también ha llegado a discusión de la Corte IDH, ha sido tan espinoso hasta tal punto que algunos consejeros de estado han entrado en contradicción sobre si se revisa o no los fallos del ente de control.

Uno de los casos conocidos fue el de la alcaldesa de Arjona, Bolívar Esther María Jalilie, donde el magistrado Gabriel Valbuena, no solo se negó a realizar la revisión al considerar que va en contrario a la decisión de la Corte IDH.

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