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Procuraduría sí puede sancionar a elegidos por voto popular, decidió la corte

En medio de las discusiones entre el presidente Gustavo Petro y la Procuradora Margarita Cabello, por la suspensión del alcalde de Riohacha, se conoció la decisión de la Corte Constitucional donde avala la decisión del ente de control.

El Alto Tribunal asegura que esta sanción deberá pasar por la revisión y el visto bueno del Consejo de Estado, en máximo 6 meses, para que quede en firme.

En el extenso documento de 87 páginas, el fallo deja la claridad sobre las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual intervino en el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, asegurando que la Procuraduría no tenía funciones de destituir a funcionarios elegidos por voto popular.

Y es, precisamente, este el argumento que ha presentado el mandatario para advertir que no acogerá las sanciones a funcionarios electos del ente de control, señalando que sus decisiones desconocen las garantías de la Convención ADH y, por tanto, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, la Corte Constitucional expresa en el fallo que la Corte CIDH no puede estar por encima de la Constitución Colombiana. “La misma corte IDH ha indicado que la CADH no impone un modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad».

Y añade “En el margen reconocido a cada estado, este puede decidir que la aplicación e interpretación de la CADH se realiza mediante la figura del bloque de constitucionalidad y no de manera autónoma o separada”.

La Corte Constitucional aclara que el fallo hace referencia a la suspensión como sanción, mientras se resuelve el proceso disciplinario. A su vez, se determinó que la decisión de la Corte IDH no aplica para la suspensión provisional de funcionarios elegidos por voto popular, como es el caso del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, que causo el choque de trenes entre el presidente y la procuradora.

Igualmente, el Alto Tribunal le pide al Congreso que «adopte un estatuto de dichos servidores público, incluido un régimen disciplinario especial, que materialice los altos estándares nacionales e internacionales en materia de protección y garantía de los derechos políticos y electorales».

BOGOTÁ (COLPRENSA)

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