Empleo, salarios y productividad

La historia política nos reseña que las grandes reformas sociales en Colombia -incluidas las de carácter laboral- fueron promovidas por gobiernos liberales.

Dos de ellas a  nuestro concepto dejaron importantes huellas en la institucionalidad y en las formas de manejo del Estado: la primera, la reforma constitucional promovida por el presidente Alfonso López Pumarejo en 1.936, con  los ministros Alberto Lleras Camargo y Darío Echandía, que además de introducir en la Carta el concepto de propiedad como función social, vinculó otros como el de racionalización de la economía, el derecho de huelga, el sufragio universal, la libertad de conciencia y otras figuras que aún perduran como derechos y garantías constitucionales.  Además de estas y otras nociones constitucionales, en materia laboral separó las relaciones de trabajo de las relaciones de derecho privado regidas hasta entonces por el derecho civil, dando nacimiento a la figura del contrato de trabajo.

Y la otra, la gran reforma administrativa de 1.968, liderada por el estadista Carlos Lleras Restrepo, ideada por la oposición liberal del MRL del expresidente Alfonso López Michelsen,  después del intento de una reforma constitucional,  cambio con el cual se logró modernizar y hacer más eficiente el Estado, instaurando la descentralización por servicios,  con la creación de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, y fundando el régimen de prestaciones sociales y de seguridad social de los funcionarios y empleados del Estado contenido en dicha reforma. Producto de las ideas liberales también fueron la Ley 6ª. de 1.945 que fue el primer estatuto laboral en el país, y el Código de la materia de 1.950.  El Decreto-Ley 2351 de 1.965 que se elevó a norma de carácter permanente a partir de 1.968, contiene normas reformatorias de avanzada en estabilidad en el empleo, mejoramiento de la jornada laboral, valores indemnizatorios por despido injusto, que fueron disminuidos o suprimidos por la administración antiliberal de César Gaviria, y por Ley 50 de 1.990 de Álvaro Uribe, con el pretexto de la creación de empleos que nunca llegaron.

No puede ser ajeno entonces a las ideas liberales el mejoramiento de las relaciones laborales, y el incremento de los ingresos reales de los trabajadores, si ello se entiende dentro de esa dinámica subyacente en las nociones de empleo, el valor de los salarios reales y la productividad empresarial. Los entendidos economistas admiten que el mejoramiento de las condiciones salariales, y en general de las condiciones laborales de los trabajadores -nos referimos a logros prestacionales, en seguridad industrial, en seguridad social, en estabilidad-, a largo plazo, ni produce inflación ni desmejora la economía, tampoco produce desempleo, en la medida que esta mejora retributiva vaya acompañada de un incremento en la productividad, y se acorten las distancias entre riqueza, productividad y salarios reales, y en esa misma proporción se aumenten los ingresos de los empleados. No parece justo que la productividad laboral se aumente, se incrementen también las ganancias y la riqueza, y los salarios permanezca inmóviles, o aún decrezcan como suele estar pasando en Colombia.

Las ideas están apoyadas en estudios económicos de comportamiento del empleo y los salarios, con la productividad, hechos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, organismo adscrito a la ONU, que en su informe de 2.022 revela que los salarios reales de los trabajadores no se han incrementado a la par con los aumentos en la productividad laboral, entre otras razones porque “el poder de negociación de los trabajadores ha sido intencionalmente socavado por un conjunto de políticas particularmente dirigidas a beneficiar a aquellos con mayor riqueza”.  Agréguele otros motivos: Leyes laborales regresivas, desaparición de las convenciones colectivas, multiplicación de los contratos de trabajo precarios, aumento de la informalidad laboral, disminución de la productividad económica, y muchas más, que han abierto la brecha entre la productividad en el ámbito laboral y el lento incremento de los mejoramientos laborales en salarios y prestaciones sociales de muchos de nuestros trabajadores.

*Abogado laboralista*Profesor universitario*Escritor