HOY DIARIO DEL MAGDALENA
Líder en la región

Terror en Remolino por paro armado atribuido a Autodefensas Gaitanistas

Las autoridades de Policía anunciaron mayores acciones durante una reunión de seguridad convocada por la Gobernación.

El terror y la zozobra corrieron como un escalofriante viento sobre las calientes y polvorientas calles de Remolino, en la subregión Río del Magdalena, luego que sus pobladores se negaron a salir, producto de un intimidante paro armado, el cual fue impuesto presuntamente por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), cuya organización criminal al parecer se torna cada vez más fuerte en la zona.

Las tradicionales tiendas de esquina; los billares, únicos escenarios de diversión en el territorio; y, hasta las vitrinas de fritos, se vieron cerradas por cuenta del pánico, que paralizó hasta la movilización de vehículos tipo motocicletas y motocarros, siendo estos los principales medios y fuentes de ingresos más tradicionales en la región, tras la falta de alternativas de empleo y productividad por causa de, según los habitantes locales, la poca gestión de la Alcaldía y el largo verano que arrastra a cuestas el Fenómeno del Niño.

Ante la preocupante situación, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, delegó a un equipo de trabajo, liderado por la secretaria del Interior Departamental, Anabel Zúñiga, quien instaló una reunión extraordinaria de seguridad en el municipio, en la que participaron oficiales del Departamento de Policía del Magdalena (Demag).

De acuerdo con las autoridades, los hechos obedecen a la aparición de grafitis y panfletos atribuidos a las AGC, en la que se amenazan a personas y se advierte la aparente presencia de esa organización.

“Se realizó un consejo de seguridad y se está haciéndose un análisis por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Sipol) del material que está circulando por el municipio, el cual, al parecer no es veraz”, indicó la Demag, que, además, anunció “brindar mayor presencia en el municipio para dar tranquilidad a la comunidad y así puedan seguir en sus actividades cotidianas”.

TIERRAS SIN RESTITUIR

Asimismo, en dicho espacio, se recordó que los moradores de Remolino denunciaron hace poco ante la Gobernación, la Procuraduría y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), las “pocas acciones de la administración municipal con miras a cumplir las órdenes de diferentes sentencias de devolución de predios a personas desplazadas por el conflicto armado”.

Precisamente, durante ese encuentro, realizado la semana pasada en el Palacio Tayrona, la directora territorial de la URT en el Magdalena, Marly Molina Álvarez y diferentes líderes comunales, campesinos y veedores ciudadanos de Remolino, señalaron al alcalde de ese municipio, Carlos Vargas Fontalvo.

De acuerdo con los campesinos -que prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias-, “se trata de diferentes sentencias cuyo cumplimiento debería impulsar el alcalde, pues no podemos acceder varios lotes porque los propietarios anteriores aún no los desocupan porque no saben dónde ubicar el ganado que tienen en ellos”.

“Mientras que otro caso similar se presenta en el corregimiento de Santa Rita, donde los ocupantes de los predios afectan, incluso, el acceso al agua de la población”, denunciaron voceros de la comunidad.

Por su parte, el alcalde Vargas Fontalvo argumentó que desde su administración “se viene haciendo todo lo posible para cumplir con la restitución de tierras”, cuya respuesta fue refutada por la directora de la Unidad en el Departamento, quien le hizo un llamado al mandatario para que “sea más efectivo en sus acciones y el cumplimiento de la ley, como primera autoridad en el municipio”.

Marly Molina Álvarez, también le recordó que la Unidad Restitución entregó hace poco 100 hectáreas de tierras en el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, tras un fallo judicial emitido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.

“La sentencia y entrega material de los predios es el primer paso en el cumplimiento de las garantías de los derechos de quienes han sido víctimas de despojo o abandono de tierras en el país. Ahora las acciones se centran en la articulación con las entidades que tienen a su cargo órdenes dentro del fallo para permitir que a estas familias se les restituya su tierra”, concluyó la URT.

Con relación a lo anterior, la jefa de la Oficina de Paz de la Gobernación, Nayara Vargas, la otra autoridad encargada de velar por los derechos de las víctimas en el Departamento, destacó que, “la administración del gobernador Carlos Caicedo sí viene cumpliendo como ente territorial”, luego de convocar esta reunión.

“El acceso a la tierra por parte de la población campesina -víctima del conflicto armado- en el Magdalena, es una de las prioridades sociales del gobernador Caicedo, quien dispuso de esta mesa de trabajo con la Procuraduría General de la Nación y otras entidades con la finalidad de hacer seguimiento a las sentencias de restitución de tierras junto con los líderes beneficiarios de cada uno de estos procesos”, precisó la administración departamental.

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