HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Aprobado Plan de Acción Territorial

También fue aprobado el Plan de Prevención y Contingencia del Distrito.

En el Salón Blanco de la Alcaldía Distrital se realizó el primer Comité de Justicia Transicional del Distrito 2023, el cual fue presidido por la alcaldesa Virna Johnson y estuvieron presentes algunos miembros del comité como la Policía Nacional, Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, líderes de víctimas, Secretarías del Distrito, entre otras instituciones.

Durante la realización del primer Comité se aprobó el Plan de Acción Territorial (PAT) anualizado, que incluye metas e iniciativas que impactarán la política pública de las víctimas del conflicto armado que habitan en la ciudad.

Asimismo, se aprobó el Plan de Prevención y Contingencia del Distrito teniendo en cuenta los diálogos de paz que se van a desarrollar en el territorio y las elecciones para conformar la mesa de víctimas que operará del 2024 al 2027.

“Este año habrá elección de la mesa de víctimas, por ello garantizaremos todos los procesos para que se desarrollen con éxito. Además, seguimos trabajando por medio de las secretarías, que pueden dentro de su misionalidad, ayudarlos en procesos formativos para mejorar su calidad de vida”, expuso la alcaldesa Virna Johnson.

La Personería Distrital se ha encargado del proceso de inscripción para las elecciones y desde la administración distrital se garantizará lo necesario para su desarrollo.

En cuanto al Concepto de Seguridad del Distrito, fue validado positivamente por los asistentes, sin embargo, el próximo 18 de agosto se realizará una mesa de trabajo con las entidades, víctimas y la fuerza pública para revisar sus condiciones.

La administración distrital manifestó que es de suma importancia apoyar a las víctimas del conflicto en el tejido y construcción de su proyecto de vida en la ciudad, por ello continúa operando el albergue humanitario en el que se han atendido más de 200 personas en este primer trimestre.

La estancia en el albergue humanitario es voluntaria y las víctimas pueden estar hasta tres meses según lo dispuesto por la ley, mientras se resuelve la inclusión al Registro Único de la población afectada por la violencia. Durante ese tiempo, recibirán el apoyo hasta que se definan las acciones a seguir.

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