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Sancionan a exgobernador de Nariño Camilo Romero por contrato de licores

Con una multa económica de más de 31 millones de pesos, la Procuraduría sancionó al exgobernador de Nariño (2016-2019), Camilo Ernesto Romero Galeano, por la falta de vigilancia y control sobre el proceso de negociación y comercialización de licores en el departamento, en agosto de 2016.  

Esta decisión del ente de control también acoge al exsecretario de Hacienda, Mario Fernando Benavides Jiménez, con suspensión convertible en salarios equivalentes a 28.493.288 pesos; y a la exsubsecretaria de Rentas, Adriana Milena Amaya Buitrago, con suspensión cuya conversión asciende a 9.228.166 pesos.

Tras encontrar varias anomalías en el proceso de negociación, la entidad determinó que “no aparecía justificado que el exgobernador omitiera el deber de dirigir la actividad administrativa, dada la importancia y las repercusiones en las finanzas del departamento; y a su vez, dejando de lado lo establecido en el Estatuto Tributario”.

Por afectar sin justificación el principio de responsabilidad administrativa, la Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 calificó la falta del exgobernador como grave a título de culpa grave.

Asimismo, también se determinó que el secretario de Hacienda aprobó las solicitudes de venta a crédito de 80.000 cajas del licor en los términos del acta No. 003 del 25 de agosto de 2016 por $ 18,901,200,000 a la Organización de Licores de Nariño S.A.S (OLN), sin propender que dicho procedimiento cumpliera con el respeto al interés general y que afectó a las empresas o personas que tenían derecho a participar y ser considerados en la negociación, con lo cual afectó el principio de eficacia de la función administrativa.

Sobre la subsecretaria de Rentas, se concluyó que infringió las normas aplicables a la negociación de licores, puesto que, propició condiciones favorables a la Organización Licores de Nariño S.A.S., aunque existían propuestas previas para la compra del licor que, incluso, ofrecían mayores beneficios para la administración, por lo que se impactó el principio de moralidad administrativa al no fijar reglas justas, claras y completas.

BOGOTÁ (Colprensa).

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