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Tribunal le niega a la Fiscalía casa por cárcel para Caicedo

Por tercera vez consecutiva el Tribunal Superior  de Bogotá le negó a la Fiscalía General de la Nación la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, al no considerar necesaria tal solicitud.

El ente acusador lo señala de haber presuntamente incurrido en sobrecostos e irregularidades contractuales, relacionadas con la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento de Bonda, en Santa Marta.

Tribunal le niega a la Fiscalía casa por cárcel para Caicedo

El Tribunal cuestionó que el fiscal 10 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia, no haya demostrado con suficiencia las conductas que le imputó a Caicedo. Agregó la Corporación que la Fiscalía no sustentó en debida forma la solicitud ni se cumplieron con los requisitos exigidos.

El Tribunal Superior de Bogotá a través de su Sala Penal del Tribunal se abstuvo de privar de la libertad al gobernador Caicedo que está siendo procesado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravado.

Precisamente, la Fiscalía General señaló que Caicedo habría participado en la firma irregular de un contrato por un valor de $6.964 millones cuyo objetivo era la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, de la ciudad de Santa Marta, cuando era alcalde. Según la Fiscalía se habrían registrado presuntos sobrecostos cercanos a los 979 millones de pesos.

“El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos”, mencionó la Fiscalía durante la imputación de cargos.

Entre tanto, en la audiencia que se llevó a cabo el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, explicó que la Fiscalía no sustentó en debida forma la solicitud ni se cumplieron con los requisitos exigidos.

“Su solicitud requiere suficiente demostración y su imposición, en armonía con los fines constitucionales de la medida debe estar rigurosamente motivado en estricta correspondencia con el materia de prueba aportado, lo que en este caso y momento no es posible predicar”, señaló el magistrado.

REACCIONA CAICEDO

A su turno el gobernador de Magdalena Carlos Caicedo al conocer la decisión del alto tribunal sobre que podrá seguir en libertad, señaló que una vez más se desmorona la tesis de la Fiscalía.  “Se insiste sobre la ejecución de una obra siete años después que concluyó mi periodo, yo si quiero pedir ante esta magistratura recordar que yo terminé en el 2015 y nunca quisimos favorecer a un contratista adicionándole plata al contrato (…) lo que ocurra después es responsabilidad de los alcaldes sucesivos, bien si hay irregularidades en el contrato pueden denunciarlo o acabarlo”, afirm´p.

También dijo que no tuvo intenciones de afectar la administración pública ni mucho menos a la ciudad de la que fue alcalde. “Por mi parte nunca he tenido propósitos dolosos en la administración pública, en la ejecución de recursos públicos, siempre he querido que se conviertan en oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos”, explicó el mandatario.

Debido a esto, le hizo una invitación al fiscal del caso para que inspeccione las obras que se han ejecutado.

“Lamentable, en pocas semanas, se me estructuraron tres casos como nunca se le ha hecho a un funcionario público en Colombia, todo esto para sacarme por la puerta de atrás, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible para que este departamento cambie”, puntualizó.

LOS OTROS 2 CASOS:

Cabe recordar que este Tribunal ya había dejado en libertad a Caicedo tras tomar la misma decisión, al no hallarlo responsable de delitos entorno a la construcción de la Megabiblioteca y el coliseo de Gaira, durante su periodo como alcalde de Santa Marta (2012-2015) y con relación a los dos gobiernos posteriores.

Con respecto a la biblioteca, el magistrado del caso, Dagoberto Hernández, negó la medida de aseguramiento, solicitada por el otro fiscal delegado ante la Corte, Víctor Salcedo, quien señaló al mandatario de cometer falsedad ideológica y celebración de contratos sin requisitos legales.

Mientras que, en el proceso del coliseo, el magistrado, Carlos Tamayo, aseguró que las tesis presentadas por el entonces fiscal designado, Leonardo Cabana, “carecían de méritos” para privar de la libertad al gobernante.

En dicha ocasión, el juez Tamayo coincidió con los alegatos del abogado de Caicedo, Juan Vicente Valbuena, quien apuntó que “el hecho de que el hoy ejecutivo magdalenense tenga más de 180 investigaciones no son motivos suficientes para demostrar que constituya un peligro para la sociedad, máxime, cuando años después fue electo gobernador, es decir, la misma comunidad le brindó su confianza al tras sus gestiones al frente del Distrito”, siendo ese otro argumento sustentado por el magistrado Ortiz, quien lideró el caso sobre los CDI.

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